El Gobierno de España inicia hoy la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales de 2019. En lo que respecta a Navarra, no se esperan grandes novedades más allá de las inversiones habituales. Una vez más será Fomento quien asuma la mayor parte del gasto. Sobre todo para el TAV, que avanzará en el tramo entre Villafranca y Olite, pero que sigue pendiente de concretar la conexión con Zaragoza y con al Y vasca, que es la que garantiza la salida a Europa para pasajeros y mercancías. No parece por lo tanto factible la promesa del PP, que hace poco más de un año aseguró que todo el corredor estaría en macha en 2023.

Un mero anuncio propagandístico que formaba parte del acuerdo presupuestario que UPN y PP escenificaron con los presupuestos de 2018, y que ya engrosa la larga lista de incumplimientos. Prometieron una lluvia de millones para el TAV (3.000 llego a decir Javier Esparza) de los que nada se sabe. Los 80 millones para las jubilaciones en Volkswagen ha resultado que no tenían dotación presupuestaria, las jubilaciones anticipadas en la Policía Foral fueron un brindis al sol, y las ayudas a los ayuntamientos ha habido que corregirlas sobre la marcha para evitar que se perdiera el dinero.

Al final, solo se ha cumplido con las partidas para la AP-15 y la N-121-A, que aun con ocho meses de retraso se van a traducir en descuentos importantes para viajes de día y vuelta de vehículos ligeros con Vía T, que solo deberán pagar el IVA de la subvención. Sorprende por ello la pataleta infantil del líder de UPN, que en lugar de celebrar el éxito de su medida reclama ahora una gratuidad total que ni la jurisprudencia europea ni la española permiten, y que el Gobierno de Navarra hace bien en respetar para garantizar la seguridad jurídica y evitar problemas en el futuro. Entre otras cosas, porque los usuarios van a recibir la misma subvención, 12 millones, solo que repartida durante algo mas de tiempo.

Empecinarse en pedir una gratuidad total no solo evidencia un desconocimiento de cómo funcionan los descuentos, supone también una imprudencia institucional y, sobre todo, una torpeza política. Porque si Esparza prometió a los ciudadanos algo que no era de su competencia y que es imposible de cumplir, la responsabilidad será suya. Tratar de trasladarla ahora a los demás no hace sino subrayar su inoperancia.