la deriva populista en la que se han embarcado las fuerzas de la derecha española ha conllevado la renuncia de facto a la función que la Constitución de 1978 otorga a los partidos políticos en el sistema institucional español. Según recoge la Carta Magna en su artículo 6, los partidos políticos “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. El modo en que esto se realiza solo es posible cuando los partidos encauzan su acción a través de los procedimientos electoral y parlamentario. Ninguno de ambos está presente en la voluntad de PP, Ciudadanos y Vox, siglas a las que se ha sumado UPN con tanta prontitud como entusiasmo, de transformar su discrepancia sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Catalunya en palanca de movilización en Madrid el próximo domingo. La emblemática plaza de Colón, con el significado ejercicio de exaltación nacional que envuelve la mastodóntica bandera constitucional de casi 300 metros cuadrados, será el escenario para convertir en protesta en la vía pública -suplantando las instituciones por las calles- la ausencia de mayoría parlamentaria que justifique otra política diferente con la que afrontar la crisis de Catalunya. Pero, además, está la criminalización por parte de Casado al calificar de “alta traición” la posibilidad de que un relator levante acta del diálogo entre partidos y/o gobiernos. Ese intento de agitar la calle con acusaciones infundadas de tan baja calidad democrática y tan altas dosis de intencionalidad emocional resulta irresponsable e ilegítimo. Irresponsable porque traslada al ámbito de la visceralidad lo que debería canalizarse por la vía de la racionalidad democrática; ilegítimo porque sustituye un modelo institucional de gestión de esta y cualquier otra crisis por la movilización de una turba. Nada de lo antedicho importa a UPN, que en su dinámica de radicalización extrema se adhiere al acoso y derribo contra Sánchez, comunicado mediante, con la falacia de que el presidente socialista “legitima a los independentistas catalanes” y la aberración democrática de que “no se puede negociar con quienes quieren romper la unidad constitucional”. En el fondo, un alineamiento nítido con sus eventuales socios para recuperar a toda costa y con quien sea el Gobierno foral, con esa concepción patrimonial del poder tan típicamente regionalista. Sánchez debería tomar nota de lo que se juega Navarra en mayo y de dónde se espera al PSN.