las últimas decisiones adoptadas por la Audiencia Nacional respecto a la puesta en libertad de varios miembros de los Comités de Defensa de la República catalana (CDR) detenidos en septiembre bajo la acusación de terrorismo apuntan, una vez más, a imputaciones en modo alguno acreditadas por parte de la Guardia Civil con la consiguiente construcción policial, judicial y mediática de un caso fantasma. En efecto, el 23 de septiembre agentes del instituto armado procedieron a la detención de nueve miembros de los CDR bajo la grave acusación de los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos. Es más, las filtraciones de la investigación aseguraban que los arrestados disponían de explosivos y que tenían planes concretos para cometer atentados con ellos como respuesta a la sentencia del procés, que estaba a punto de hacerse pública. Poco más de tres meses después, siete de esas personas han sido puestas en libertad -las dos últimas, este pasado viernes-, por lo que únicamente dos quedan todavía en prisión aunque sus defensas ya prevén pedir su inmediata excarcelación. Lo relevante -y grave- del caso no es únicamente que pese a la severidad de las imputaciones los CDR hayan quedado libres, sino la argumentación esgrimida por el juez para ello y que era algo que se conocía desde el primer día: la Guardia Civil no halló explosivos en sus registros sino “sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos”, según dos informes periciales de los especialistas en desactivación (Gedex) de la propia Benemérita. Obviamente no es lo mismo, lo que no significa que las personas detenidas no pudieran estar realmente intentando fabricar explosivos y utilizarlos. Pero con los hechos objetivos en la mano, la concatenación de los mismos permite concluir que las acusaciones contra estos CDR estaban artificial e interesadamente infladas con objetivos notoriamente políticos. De hecho, tras las detenciones se difundió también una improbable conexión entre la Generalitat y su supuesto CNI catalán con “los CDR terroristas” detenidos. Todo ello precisa de una explicación clara y exhaustiva por parte del Gobierno español, por mucho que esté en funciones.
