La sesión de apertura de las Cortes celebrada ayer, 85 días después de las elecciones del 10-N, a 53 días del anuncio del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (12 diciembre), a los 28 días de la investidura de Pedro Sánchez (7 enero) y transcurridos 22 días desde que los ministros y ministras de su gobierno juraran sus cargos (13 enero), permite plantear la exigencia inmediata de que el inicio oficial de la XIV legislatura celebrado ayer de manera oficial con la presencia, bastante discutida y cuestionada, del rey Felipe VI, se acompañe de la acción gubernamental necesaria para el cumplimiento de los compromisos que han permitido el actual Gobierno. Por un lado, lógicamente, aquellos que el candidato socialista y ya presidente Pedro Sánchez presentó al electorado y que incluían la revocación de las reformas legislativas emprendidas por los gobiernos del PP y más lesivas para los derechos sociales y laborales. Por otro, los que Pedro Sánchez acordó de modo previo a la investidura con quienes podían hacerla viable, especialmente con su socio prioritario, y entre estos destaca la instauración de la vía del diálogo para solucionar por la vía política el conflicto con Catalunya. En lo que respecta a Navarra, se espera que esta sea la legislatura en la que se firme la transferencia de Tráfico ya pactada. O en el caso de la CAV, la transferencia de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, incluida la gestión económica de la Seguridad Social. Porque lo que parece claro es que esta debería ser la legislatura en la que se pueda lograr un nuevo estatus de autogobierno dentro de una imprescindible y profunda renovación del modelo territorial del Estado, también de algunas de sus instituciones y estructuras. Todos los partidos navarros, con la excepción de Navarra Suma, coincidían ayer, con matices, en señalar que ésta tiene que ser la legislatura que demuestre una capacidad de diálogo real como vía para negociar, plantear y resolver los conflictos políticos ahora pendientes poniendo de verdad las necesidades de la ciudadanía por encima de los intereses políticos. Todo un reto, que no es sino la esencia misma de la acción política que tanto se ha desvirtuado en los últimos años. Unos y otros, a nivel estatal y local, salvo la oposición, coinciden y apuestan por que el actual Gobierno sea "estable", una situación que beneficia al conjunto de la ciudadanía en el Estado y que debería beneficiar también a las relaciones con Navarra.