Editorial

Sentido común y responsabilidad cívica

24.04.2020 | 01:15

Una vez concretadas las condiciones para permitir la salida de menores durante el confinamiento, se deben poner medidas eficaces –ocurre en Iparralde sin ir más lejos– que aseguren su cumplimiento más allá de la buena voluntad de los adultos

tras una semana de idas y venidas con la apertura del confinamiento para los menores, el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Sanidad, Salvador Illa, han concretado finalmente sus condiciones: a partir de este domingo niños y niñas de hasta 14 años podrán salir acompañados a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante una hora y en un entorno de un kilómetro como máximo entre las 9.00 y 21.00 horas. Unas condiciones que aún son más amplias en el caso de las niñas y niños del entorno rural. En todos los casos, se mantiene las medidas de prevención en cuanto a lugares públicos, distancias y control de los adultos con los que conviven habitualmente. Unas medidas que difieren poco de las que ya han venido disfrutando los menores en la mayor pare de los países de la Unión Eurpea pese al confinamiento social. Iglesias ponía fin así a la polémica y confusión desatadas el pasado martes, cuando el Consejo de Ministros anunció la salida de menores con unas condiciones absurdas que sólo lograron soliviantar aún más a los padres y madres. Iglesias pide perdón por ello y apela al sentido común y a la responsabilidad cívica como principales bazas –más que una vigilancia policial estricta que se antoja difícil–, para afrontar uno de los retos que conlleva esta medida: el cumplimiento de sus condiciones. Y quizá más que el sentido común, un concepto tan individual como difuso, es la responsabilidad cívica de los adultos con los niños y niñas lo que exige un buen resultado de la puesta en marcha de esta medida y su progresiva ampliación conforme avances los resultados del control de la pandemia del COVID-19. Pero aunque sea la principal responsabilidad de los adultos, más que llamadas a las buenas intenciones, al Gobierno cabe reclamarle que su toma de decisiones esté fundamentada sanitariamente y que ponga los medios necesarios para su buen funcionamiento. Algo que, por otra parte, no parece tan difícil si se hace por ejemplo en los municipios de Iparralde con un sistema de certificados personales. Si ya ha sido un despropósito de incertidumbre la aprobación de la salida de los menores, es de esperar que no acabe siendo otro la dejación al libre albedrío de los adultos el cumplimientos de las normas que la acompañan. Al Gobierno hay que exigirle más certeza y concreción en su decisiones y menos esperanza en una buena voluntad que, pese a estar siendo muy mayoritaria en la sociedad, tiene también un buen número de enemigos como se ve cada día.