a Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo contenido fue remitido ayer al Congreso de los Diputados, deberá enfrentar en principio y por primera vez desde el Estado el desafío pero también la obligación de cumplir con las prioridades que estipula el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea. Más aún con el Estado español como el territorio más expuesto al calentamiento global de Europa. La nueva normativa llega con retraso ya -el Congreso reclamó esta norma en 2011- y pretende ser también una oportunidad y una de las vías para salir de la crisis económica ligada a la pandemia. La recuperación verde no es algo que se reclame solo desde las ONG ecologistas; la han puesto sobre la mesa grandes multinacionales y entidades financieras y que la Comisión Europea y la mayoría de los países europeos han asumido como uno de los ejes para salir de la crisis después de que la Eurocámara decretase la situación de emergencia climática a finales del pasado 2019. Los hechos son objetivos. La contaminación del aire, motivo de preocupación e iniciativas institucionales en numerosas ciudades en los últimos tiempos, también en zonas de Navarra como la Ribera, presenta en todo el planeta un incremento de CO2 sin precedentes, lo que contribuye a las enfermedades y causa más de 5 millones de muertes anuales. En los 150 últimos años la temperatura mundial media ha aumentado aproximadamente un grado. La desertización y el hambre avanzan imparables y la pérdida de tierra cultivable es treinta veces superior a la tasa histórica, lo que afecta a 1.500 millones de personas. Desaparecen o se reducen los glaciares y en 35 años el área de hielo marino en el Ártico se ha reducido en un 40% mientras las superficies heladas en otros continentes han perdido casi una cuarta parte del grosor que presentaban en 1991. El nivel del mar se elevó 19 centímetros desde 1901 hasta 2010 y se prevé que serán como mínimo 26 centímetros más durante este siglo. Los fenómenos atmosféricos extremos y sus consecuencias se extienden por todas las latitudes... Hay herramientas, tecnología y dinero para frenar el cambio climático, la crisis energética y alimentaria y otras plagas que asuelan a millones de personas. Se trata de que esta nueva Ley de Cambio Climático sea un medio legal efectivo y capaz de superar la dependencia de los combustibles fósiles y de aplicar medidas concretas más allá de las buenas palabras para garantizar una salida también sostenible ambiental y socioeconómica.