a sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que anula el Programa Skolae por un tecnicismo judicial no va a suponer la paralización de la inclusión de sus contenidos en el desarrollo curricular del que ya forman parte 200 centros escolares navarros y al que otros 26 se sumarán el próximo curso. De hecho, la propia sentencia judicial se limita a anular el Programa por una cuestión administrativa interpretativa sobre el nivel normativo que le corresponde. Pero evita cualquier valoración sobre el fondo de Skolae, precisamente el núcleo de los argumentos de los distintos recursos presentados ante el TSJN por diferentes grupos de padres y asociaciones vinculadas a los sectores católicos más conservadores. E incluso los fundamentos jurídicos que expone el fallo del TSJN, que defienden que la puesta en marcha del Programa Skolae exigía un Decreto específico por el tratarse de un contenido curricular transversal, puede ser cuestionable si se tiene en cuenta la cantidad de contenidos transversales que ya incluyen los currículos escolares sin necesidad de haber recurrido a normativas específicas para su implantación porque sus contenidos ya están incluidos en las leyes de educación y en los decretos que se derivan de las mismas. Como ejemplos, desde la educación ambiental, la educación vial, la educación para la salud, la educación audiovisual y tecnológica a la educación para los derechos humanos, la educación para la paz o la educación del consumidor y la educación intercultural. Más aún cuando en el caso de Skolae sus contenidos para educar en Igualdad han sido elaborados desde una amplía participación social y profesional de los sectores educativos, cuentan con una amplía mayoría política de apoyo en el Parlamento de Navarra, han recibido igualmente reconocimiento institucional y académico en el Estado y en la UE y han sido premiados por la Unesco. Parece, una vez más, que determinados sectores de la judicatura sean siempre los últimos guardianes de las esencias más conservadoras en Navarra -aunque tenga que ser recurriendo al subterfugio judicial de vislumbrar un defecto de forma sin atreverse a entrar en el fondo-, cuando las mayorías sociales y políticas democráticas tratan de avanzar hacia una sociedad más cohesionada, humanista e igualitaria para las nuevas generaciones. En todo caso, el Gobierno debe decidir si recurre la sentencia ante el Supremo o si reinicia la tramitación desde el principio pensando en el mejor camino para mantener activo Skolae el próximo curso.