l Gobierno de Navarra anunció ayer que trabaja en el diseño de un decreto que regulará la admisión del alumnado tanto en los centros públicos como en los concertados. Esta normativa estará vigente para la preinscripción de Educación Infantil y Primaria del curso 2021-22, que tendrá lugar en febrero y marzo del próximo año, y se redactará con criterios de no discriminación, igualdad de oportunidades y cohesión social, mediante la distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas. Un paso necesario, sobre todo si se tiene en cuenta que en la actualidad 43 centros (39 de ellos públicos) de los aproximadamente 300 que hay en la Comunidad Foral soportan más del 40% del alumnado con necesidades de apoyo educativo. Y en siete de ellos (todos públicos) los escolarizados con este perfil son más del 70%, con el consiguiente riesgo de que "puedan convertirse en verdaderos guetos", según alertó el consejero de Educación, Carlos Gimeno. Es imposible que toda la red de enseñanza tenga idénticos estándares de calidad, pero el objetivo de la Administración no puede ser otro que disponer de los medios a su alcance para posibilitar unas condiciones de igualdad educativa. De momento, la idea es que ninguno de los centros sostenidos con fondos públicos escape a la obligación de reservar plazas para el denominado alumnado desfavorecido, donde abundan los que sufren desventaja social, económica y cultural. Esta reserva deberán hacerla durante todo el periodo de preinscripción y matricula, si bien todavía queda concretar en qué porcentaje. Además, en los centros en los que sea inevitable la concentración de alumnado con necesidades específicas, se rebajará la ratio de matriculados por aula, con el fin de que puedan recibir una mejor atención. El consejero también avanzó que los criterios para la escolarización se mantienen, pero los dos que más peso tendrán serán la existencia de hermanos y la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo al centro elegido. Asimismo, se tendrán en cuenta la discapacidad en el alumnado, el padre, la madre o el hermano, y la renta per cápita. En definitiva, resta mucho trabajo por hacer, pero hay que saludar esta iniciativa hacia una redistribución más equitativa del alumnado desfavorecido, que hoy se concentra mayoritariamente en los centros de enseñanza pública.