Editorial

Necesaria rectificación

31.01.2021 | 02:23

Tras la insólita aprobación gracias a la abstención de Vox del decreto de los fondos europeos, el Gobierno español debe atender los criterios de Bruselas y coordinar el reparto con las CCAA

La pandemia de covid-19 está dejando, además de una preocupante evolución sanitaria con muchas comunidades y municipios en máxima alerta, una complicada situación económica de profunda crisis que amenaza el futuro inmediato. El PIB español cayó el año pasado un 11%, el mayor hundimiento desde la guerra civil y la peor evolución en Europa. La bajada de la economía en Navarra, por su parte, es menor, del 8,3%, aunque la tasa de paro ha quedado en el 11,6%, lejos del 16,3% del conjunto del Estado. En esta coyuntura, y con el virus disparado y los problemas de suministro de vacunas, la recuperación se prevé más lenta de lo previsto, ya que el Gobierno de Navarra confía en crecer este año el 6,5%, por debajo de las previsiones españolas (7,2%). Por ello, resulta cada vez más acuciante la implementación de medidas tendentes a garantizar una recuperación más rápida y sólida. La aprobación, con ese objetivo, el pasado jueves en el Congreso de los Diputados del decreto ley que establece la gestión de los denominados fondos europeos tenía que haber sido el punto de inflexión para fijar una auténtica política de Estado de cara al impulso de la salud, la economía y, en definitiva, el bien común en momentos tran graves y cruciales en los que se juega literalmente el futuro. Sin embargo, la realidad de la política española y la actitud del Gobierno español convirtieron la oportunidad en un nuevo fiasco cercano al sainete, con los supuestos "partidos de Estado" (PP y Ciudadanos), así como algunos socios del Ejecutivo Sánchez (como ERC) votando en contra y la extrema derecha antieuropea de Vox salvando el decreto con su abstención. En cualquier caso, queda aún pendiente la gestión de los fondos europeos. El Gobierno español mantiene aún su pretensión de arrogarse el control de los mismos mediante una inaceptable recentralización, obviando los criterios, necesidades y competencias de cada comunidad autónoma. La propia Comisión Europea establece, sin embargo, con claridad la necesaria "implicación" de las autoridades regionales y locales en la gestión coordinada de los fondos, mediante un modelo similar al que se sigue con los fondos Feder. Esto es: cogobernanza. Una vez más, el Gobierno debe rectificar y transitar por la vía del acuerdo y la coordinación frente a la imposición.

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