gricultura, ganadería, recursos hídricos, energía, vivienda, urbanismo, movilidad, salud, turismo, industria, infraestructuras, gestión forestal o protección civil son las diferentes materias que abarca la nueva Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno de Navarra y que será remitida al Parlamento para su debate. Un marco normativo ambicioso, más concreta y exigente que la estatal, y que responde a una situación de emergencia climática, que "amenaza a la humanidad, la biodiversidad y el medio ambiente", y a la necesidad de encaminar el planeta hacia un camino "más sostenible e inclusivo", aseguraba ayer la consejera Itziar Gómez. La ley, que pretende reducir las emisiones contaminantes al menos en un 45% para 2030 y un 80% para 2050 con respecto al año 2005, plantea que el 50% de la energía que se consume en la Comunidad Foral sea renovable en 2050 (partiendo del 23,2% en 2018). Un objetivo que requiere la sustitución progresiva de las energías fósiles -en consonancia con el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030- por las renovables y que compromete a la sociedad, a las personas como a las entidades públicas y privadas. Cambios que nos afectan muy directamente como ciudadanos y a nuestros consumos, que nos exigen un esfuerzo importante en nuestro hábitat individual y social empezando por la calificación energética de nuestras viviendas con el reto de que para 2030 todos los bloques tengan una certificación C o superior lo que exigirá a su vez un ambicioso plan de apoyo a la rehabilitación. Vincula también a industrias (medidas también muy contundentes contra empresas contaminantes con multas de hasta un millón de euros si se doblan las emisiones de efecto invernadero), a los gobiernos ya que determinará las zonas preferentes y de reserva para la instalación de parques eólicos, y a comercios o locales en materias como la climatización de espacios abiertos. Una ley que también protege a los sectores más vulnerables y hace frente a la pobreza energética garantizando que ningún domicilio vea interrumpido los suministros de electricidad, agua y gas, y que aborda la prevención de los efectos del cambio climático en la salud de las personas. Un texto que obliga a las administraciones a crear aparcamientos seguros para bicis y a la compra de vehículos eléctricos. Una norma acorde, en definitiva, con la apuesta por un desarrollo económico, social y turístico de Navarra sostenible y una economía circular.