os vaivenes, indecisiones y cambios de criterio en la forma de afrontar la gestión de esta sexta ola del coronavirus son en sí mismas síntomas de un camino político equivocado en los tiempos y en las prioridades en pandemia. Una percepción que se ha construido sobre la prioridad de proyectar tranquilidad más que realismo ante la sociedad, empezando por el presidente Sánchez, que ha ido retrasando semana a semana la toma de decisiones reales. Al final, e independientemente de que el ómicron conlleve cifras altas de contagios y no tant de hospitalizaciones, las decisiones llegan tarde, confusas y deslabazadas. Suspender el ocio nocturno de Nochevieja a 48 horas con todos los costes que ello conlleva es un buen ejemplo. El inicio de la escalada de contagios semanas atrás ya auguraba el pico de la ola en estas fechas. En paralelo, la evidencia de que las medidas unilaterales que pueden adaptar los gobiernos autonómicos en materia de restricción de horarios y aforos es un ejercicio de inseguridad jurídica que además vuelve a implicar una medidas de limitación de las libertades y la socialización que cada vez cuestan más aplicar a los responsables políticos, tanto a Sánchez como a los gobiernos autonómicos, y esa indecisión y temor acaba imponiéndose a los criterios sanitarios, como en Navarra. Además de ello, la falta de iniciativa legislativa de marco estatal y el celo más que cuestionable en la interpretación del Tribunal Constitucional son una pinza demencial que deja muy mermadas al resto de instituciones. De hecho, algunas de las medidas que se están adoptando ya retratan que están inspiradas más por la conveniencia que por la inteligencia. Mientras Navarra, la CAV, Aragón, Catalunya y Cantabria ya han dado pasos -muy tarde, eso sí-, para tomar las mínimas iniciativas para frenar la sexta ola de la covid-19, el PP, insiste en mirar para otra lado, con Díaz Ayuso reclamando reducir al mínimo las medidas preventivas, contra todo criterio científico y contra la propia realidad de la Comunidad de Madrid. Con este marco, es aún más complicado demandar de la ciudadanía que asuman las restricciones y medidas de autoprotección que los líderes políticos someten a un debate de conveniencias e imagen, soslayando el criterio técnico de epidemiólogos y de la Organización Mundial de la Salud. La ciudadanía tendrá que demostrar una madurez superior y no ceder también a la inmediatez de sus deseos. El precio puede ser muy caro.