Era previsible que Pedro Sánchez utilizara el debate sobre política general iniciado ayer en el Congreso de los Diputados para retomar la iniciativa política tras la ofensiva que está llevando a cabo el PP –envalentonado tras la elección de Alberto Núñez Feijóo y, sobre todo, tras el arrasador triunfo electoral de los populares en Andalucía– y para hacer un guiño a sus socios de gobierno en plena confrontación interna, y el presidente español no defraudó.

Fiel a su estilo, el líder socialista pasó al contraataque mediante el anuncio de medidas ideadas más para causar un cierto impacto, agradar a su bancada y a sus socios a la izquierda y aparentar un giro hacia políticas más sociales que a buscar soluciones realistas y estructurales a los problemas que padecen la ciudadanía y las empresas entre los que el propio Sánchez destacó la inflación. El anuncio del nuevo impuesto a las compañías energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros anuales, así como otro impuesto a las grandes entidades financieras fueron las decisiones estrella del presidente del Gobierno, junto a la gratuidad temporal de los abonos al transporte de cercanías y media distancia y el aumento de becas.

Son medidas de carácter unilateral, no acordadas con nadie, que irritarán a las empresas afectadas y afectarán al mercado y que a buen seguro invaden competencias, en la CAV, por ejemplo. Más allá de su eficacia –discutible y que está por ver, en especial su repercusión sobre los consumidores–, no puede decirse que constituyan medidas innovadoras –ya se aplican de una u otra forma en países europeos– ni que conformen una política económica dirigida a fortalecer, ayudar y proyectar el tejido productivo e industrial y, con ello, el empleo.

El tono con tintes populistas empleado por Sánchez para anunciar las medidas –“Este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”, afirmó– y los aplausos recibidos muestran que el jefe del Ejecutivo no acudió al Congreso a un debate de política general al uso sino más bien a escenificar un presunto giro a la izquierda en busca del apoyo de sus socios con el que pueda agotar lo que queda de legislatura.

En todo caso, estas medidas pueden servir para paliar algunos de los efectos de la crisis y la inflación, aunque Sánchez no detalló en qué va a invertir los 7.000 millones que espera recaudar con los nuevos impuestos. Falta aún mucha letra pequeña por conocer.