Hace tiempo que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía, desbancando a históricas inquietudes como la salud o el empleo. El resultado del reciente sondeo de opinión de EitbFocus realizado en los cuatro territorios de Hegoalde es el último ejemplo del grado de urgencia que ha adquirido este problema, que se puede resumir en escasa oferta y precios desorbitados. Y es que no hay proyecto de vida que pueda desarrollarse sin un techo, sin una casa que te proporcione la seguridad y la autonomía para una vida plena.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos las personas tienen “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. A la vista está que el del acceso a la vivienda es ahora mismo un derecho cada día más lejano para cada vez mayor número de personas en Navarra y la CAV. También en el Estado. Hasta Europa ha dado un toque de atención esta semana para que se aumente la oferta de vivienda social y asequible. Encontrar una casa se ha convertido en un calvario. Para la generación que entra en el mercado laboral, la compra es un esfuerzo que excede sus posibilidades y la oferta de alquiler o no existe o, si existe, está alcanzado precios abusivos. El mercado inmobiliario, tanto el público como el privado, no solo no es capaz de ofrecer alternativas de alojamiento acordes a las necesidades y posibilidades económicas de la población; ni siquiera ofrece vivienda en cantidad suficiente para la demanda acumulada.

La emergencia residencial ha entrado con fuerza en la agenda de prioridades de las administraciones y los partidos políticos, pero la sensación es que la reacción viene con retraso y el de la vivienda, por su propia naturaleza, es un problema que se cocina a fuego lento. El primer requisito, en cualquier caso, exige el alineamiento de los poderes públicos en torno a una estrategia compartida, apostando por una intervención decidida que persiga la satisfacción de esta necesidad. Es decir, una política pública de vivienda que haga valer el derecho frente al negocio. La vivienda no puede seguir siendo un bien de consumo e inversión.