Cualquier acercamiento al fenómeno migratorio requiere de contexto y de precisión. Otro camino para comprender esta realidad está abocado al fracaso, ya que los discursos vacíos, los demagógicos, los malintencionados o los superficiales solo sirven para introducir en la sociedad permeable nociones falaces sobre los extranjeros que llegan a estas tierras con la intención de mejorar sus vidas.

Bajo esos parámetros, desde luego, ya no sorprende la dialéctica de Vox sobre el particular, asimilando a los extranjeros, y fundamentalmente, a aquellos ajenos al cristianismo, con la criminalidad. Tampoco impacta, por ya supuesta, la estrategia sobre inmigración presentada este pasado martes por el Partido Popular, que asume postulados de la ultraderecha con la intención de restar décimas al crecimiento demoscópico que está experimentando la opción política liderada por Santiago Abascal y que ha hecho del rechazo a la inmigración su gran caballo de batalla. La puesta de largo de la estrategia popular llegó en Barcelona. No fue una cuestión baladí, ya que Catalunya ha sido tradicionalmente tierra de acogida y asentamiento de movimientos migratorios (internos y externos) y que se ha convertido en el laboratorio social en el que crecen como la espuma grupos abiertamente racistas y xenófobos como Alianza Catalana. En esa comunidad, la formación conservadora presidida por Alberto Núñez Feijóo ya tiene algún ejemplo al que aferrase, como su alcalde Xabier García Albiol en Badalona, cuya figura ya se ha exportado a otros municipios en el Estado en los que los populares defienden lemas tan rimbombantes como Fuera okupas y delincuentes.

En cualquier caso, y más allá de campañas con el objetivo de sacar rédito de la presunta inseguridad ciudadana ligada a ciertos sectores de la ciudadanía, conviene recordar datos y estadísticas que, por sí solas, desmontan este tipo de asociación directa. Según datos del INE, los extranjeros en el Estado se han duplicado en los últimos 20 años. En ese periodo, el Ministerio del Interior explica que la tasa de criminalidad ha decrecido nueve puntos, situándose por debajo de las que se registran en países teóricamente más avanzados como Alemania o Dinamarca. Aparte, la Justicia española reconoce que de los condenados, tres cuartas partes son españoles. Más allá de ahí, conviene prudencia y trabajo didáctico para restar argumentos a quienes tratan de manosear la inmigración con fines exclusivamente electoralistas.