IGLESIA y Estado han dado un paso de valor al consensuar un mecanismo compartido para reparar a las víctimas de abusos sexuales allí donde la Justicia ya no puede llegar. El convenio que articularán Gobierno, Conferencia Episcopal y Defensor del Pueblo no borra décadas de silencio, cuando no de ocultación y amparo al agresor, pero sí permitirá reconocer el daño y abre una puerta a la reparación en casos prescritos o con agresores fallecidos. La primera virtud del convenio es habilitar la acción de protección de la víctima donde la ley penal llega tarde. El precedente del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, que habilitó unilateralmente la Iglesia Católica con igual objetivo, demuestra que la reparación extrajudicial es posible, pero insuficiente y lenta si no se sistematiza.

En el plazo de un año se han resuelto 39 casos prescritos pero esperan muchos más. El nuevo sistema mixto implica a la Iglesia, asumiendo el coste económico, y el Estado fijando garantías y supervisión. La interposición del Defensor del Pueblo –sería oportuno que se amplíe a sus homólogos autonómicos– en el proceso evita situar a la víctima frente a la diócesis o la congregación sin intermediarios, escenario siempre más intimidatorio, farragoso y doloroso para quien viene de sufrir abusos dentro de ella. El Defensor actúa como garante independiente: canaliza solicitudes, fija criterios, media en las discrepancias y decide en última instancia cuando no hay acuerdo. Es, además un precedente al incorporar el compromiso del Gobierno de extender el modelo a otros ámbitos donde hubo abusos a menores: deporte, educación, centros de protección. Esa universalización es clave: ni el daño ni la obligación de reparar son patrimonio exclusivo de lo eclesial y la fórmula que hoy se ensaya con la Iglesia puede y debe servir de plantilla para otros estamentos que también fallaron. Habrá que evitar que los plazos de denuncia –un año prorrogable a otro– se conviertan en una nueva frontera del silencio.

El camino pasa por evitar un procedimiento disuasorio en sí mismo: facilitar el acceso, simplificar trámites y acompañar más que interrogar, para que nadie renuncie a denunciar por miedo a un laberinto burocrático o por temor a ser revictimizado. ​La deuda con las víctimas exige de todos demostrar que no están solos ni olvidados.