Tras nueve años de una instrucción judicial injustificadamente larga, este lunes arrancó por fin el esperado juicio sobre el denominado caso Kitchen. Se trata de dilucidar responsabilidades sobre la trama de espionaje al extesorero del Partido PopularLuis Bárcenasurdida en 2013, cuando este amenazaba con tirar de la manta contra su propio partido. Por entonces, el PP sufría las consecuencias del caso Gürtel, aquella red de empresas liderada por Francisco Correa que sobornaba a funcionarios y cargos del PP para obtener contratos públicos, que también contenía una supuesta caja B gestionada por Bárcenas y que convenía silenciar como fuera.
En la causa que ahora se juzga se sienta en el banquillo nada menos que la cúpula del Ministerio del Interior que tuvo el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-18). Entre los principales acusados están el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. También deberán defenderse de las acusaciones el excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una “jugarreta” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como quien fuera director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien por entonces ejercía de asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha.
En total son 10 los que van a ser juzgados por una causa que es un escándalo en términos democráticos. No en vano, nos encontramos ante un procedimiento judicial que investiga el abuso de poder del Ejecutivo, que intentó obstruir su labor al poder judicial valiéndose para ello de la conocida como policía patriótica, que no eran sino mandos policiales pagados con fondo reservados del Ministerio del Interior que actuaron de forma oculta durante cinco años para buscar los secretos de Bárcenas.
Los principales acusados se enfrentan a peticiones de condena de 15 años de cárcel, salvó Villarejo, a quien piden 19, en un procedimiento que está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio. Demasiado tiempo para el PP, que pondrá el acento en las pesquisas del caso Koldo, para tratar de miniminar las consecuencias de este escándalo.