EL Consejo de Ministros aprobó este martes la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, incorporando mecanismos para facilitar el procedimiento pero también para cubrir el flanco del relato de la extrema derecha que vincula al colectivo con inseguridad. Más allá de otros criterios –en demasiadas ocasiones marcados por conveniencia política–, la realidad de la presencia prolongada de estas personas en el Estado exige su gestión.
Son personas que viven y trabajan aquí, contribuyendo a la economía, atrapadas en un limbo jurídico que limita sus derechos y merma su horizonte de integración. Regularizar no es un proceso de llamada, como denuncia la oposición en el Estado, sino reconocer que la exclusión prolongada genera más problemas sociales, políticos y de convivencia que la inclusión ordenada.
Los discursos que criminalizan la medida asociándola a una mayor inseguridad son no sólo éticamente reprobables sino empíricamente falsos. La inseguridad real nace de las bolsas de exclusión: personas condenadas a la economía sumergida, sin contrato ni protección, más vulnerable tanto a ser víctima del delito como a quedar atrapada en él por pura supervivencia.
Integrar con derechos y obligaciones es, de hecho, una política de seguridad: quien puede denunciar, acceder a un empleo regulado y ser reconocido como parte de la comunidad tiene menos incentivos y menos riesgo de quedar al margen de la ley. Otra ficción es el discurso sobre un agujero en las cuentas públicas.
La evidencia disponible muestra que las personas migrantes aportan al PIB y a la recaudación más de lo que consumen en servicios, especialmente en un país envejecido y con baja natalidad que necesita trabajadores para sostener pensiones, sanidad y cuidados. En ese sentido, la regularización permite sacar a la luz una contribución económica y social que ya existe, dejando atrás la hipocresía de mirar hacia otro lado mientras se aprovecha su trabajo.
No es más seguro, más barato ni más ético mantener una población invisible, sin papeles y sin horizonte, alimentando relatos xenófobos que convierten en chivo expiatorio de cada malestar a quienes sostienen sectores enteros de la economía. Una regularización con garantías y controles es un ejercicio de realismo democrático.