La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha lanzado la enésima advertencia sobre el futuro más inmediato: entre 2026 y 2030 es casi seguro que batiremos nuevos récords de calor mundial, con un 75% de probabilidad de rebasar el umbral crítico de 1,5° de elevación de temperatura global que quedo establecido en el Acuerdo de París. En días como los recientes, es más tangible el fenómeno, pero el margen de actuación se estrecha a un ritmo vertiginoso con independencia del momento concreto. Ralentizar la implantación práctica de las medidas correctoras amenaza con hacerlas absolutamente estériles cuando por fin se desplieguen de forma efectiva. La burocracia, los plazos laxos, cuando no la política anticlimática, amenazan la supervivencia.
En nuestro entorno más cercano, las proyecciones son implacables. Las olas de calor suponen hoy un 10% de los días estivales y el próximo quinquenio apuntan a ascender a un alarmante 30%. El fenómeno ya tensiona nuestras urgencias sanitarias y altera irreversiblemente nuestro ecosistema costero y forestal. Frente a la contundencia empírica de estos impactos, persiste la irresponsable y suicida proliferación de políticas anticlimáticas incrustadas hoy en el discurso de las nuevas derechas. El negacionismo reaccionario nunca es capaz de afrontar los datos objetivos; prefiere agitar una falsa bandera de libertad que frivoliza con la sostenibilidad y obstruye la puesta en marcha de soluciones urgentes. Ofrecen despreocupación y una negligencia individual y colectiva que pasarán factura.
Es innegable, y debe ponerse en valor, el grado de compromiso institucional alcanzado en nuestro territorio para combatir esta amenaza. La reciente Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático de 2024, que impone el cálculo de la huella de carbono al tejido empresarial e institucional, o la Ley Foral navarra de 2022, que ha instaurado herramientas como los “presupuestos de carbono” y el Fondo Climático, demuestran que existe un andamiaje legal sólido y una voluntad política clara. Sin embargo, ni la Comunidad Autónoma del País Vasco ni la Foral Navarra son islas climáticas. De muy poco servirá liderar la vanguardia normativa local si la intervención no es decidida, acelerada y global. Y ahí chocamos con un obstruccionismo ideológico creciente.