Pamplona ha dado el primer impulso el plan de Donapea para 5.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas. Se trata de 700 pisos más que los últimos programados en este suelo cuyo desarrollo, tras la permuta de terrenos con Galar, podrá ser liderado finalmente por el Consistorio pamplonés. En origen, el Gobierno foral fue de la mano de los propietarios de suelo en los años del boom inmobiliario para lanzar esta bolsa de suelo residencial entre Galar y Pamplona que fue objeto de tres versiones en los dos mandatos regionalistas (el primer PSIS es de 2009 con 3.000 pisos), no por ello recurridas y ganadas por el ayuntamiento opositor (Galar) que no quiso crecer (tenía 2.000 vecinos) y cuya voluntad no se respetó.

Ahora, en manos de Pamplona, existe una reserva para 2.500 VPO y vivienda de alquiler que el nuevo equipo de gobierno puede programar en su nuevo Plan de Vivienda. Será uno de los mayores crecimientos urbanísticos de la ciudad pero también el más inmediato teniendo en cuenta la complejidad del PSIS de Etxabakoitz que no se va a poder desarrollar a corto plazo.

Todo un desafío en materia de urbanismo sostenible y de vanguardia. En primer lugar, por el reto que supone enlazar la trama urbana de la ciudad (Azpilagaña y del Sadar) con el nuevo barrio y su entronque con la Avenida de Zaragoza. En segundo lugar, a la hora de planificar servicios y equipamientos a tiempo (cole o centro de salud) y dar soluciones innovadoras a la movilidad con un diseño accesible para todos. Un proyecto que también debe ser viable (suelo privado en manos de promotores) desde el punto de vista económico y de cargas urbanísticas (carreteras circundantes e infraestructuras a suprimir). En todo caso, estamos hablando que para cuando tengamos las máquinas urbanizando nos vamos al 2027. Los pisos irán después. Es lo que tiene el urbanismo, que es una maquinaria pesada, que debe ser controlada por las administraciones pero que también está sujeto a muchos intereses.

Lo hemos visto en otros planes como en Arrosadía-Lezkairu, que empezó con un esquema de baja más cinco alturas y ha terminado con torres de ocho plantas, con multitud de “cargas” (lo que costó la salida de El Pamplonica y el matadero o las obras del parque de Aranzadi), y pisos que se han vendido a más de 400.000€ (tres habitaciones) en un barrio donde apenas hay servicios. Algo parecido ha ocurrido en Erripagaina. Es decir, son los ciudadanos los que terminan pagando un modelo de urbanismo sin control público. Intereses, en la mayoría de los casos, de promotores y constructores que, por otro lado, actúan sin una ley que les obligue a construir en un plazo determinado la vivienda protegida que les toca hacer y retienen suelos.

Para que el urbanismo no se pervierta debe de cumplir dos objetivos: Resolver la demanda real de vivienda (no para que otros especulen como en Etxabakoitz o Donapea) y destinar las plusvalías que genere a dotar de servicios al nuevo barrio. Nada de eso se ha cumplido en Lezkairu o Erripagaña. Al hilo del mapa local sería bueno homogeneizar de una vez por todas las políticas de vivienda del área metropolitana. Pamplona sola no es nada.