La celebración de una nueva multitudinaria Diada marca la realidad de una situación de un punto de no retorno en la reivindicación del derecho a decidir de Catalunya. Con la mayoría de los principales dirigentes catalanistas en la cárcel o en el exilio tras el referéndum del 1-O del pasado año, cientos de miles de personas consolidaron un año más una reclamación democrática que ha ido en aumento desde que el intento de reorganizar el encaje de Catalunya en el Estado español a través de la reforma de su Estatut que tuvo un muy mayoritario respaldo en las urnas, chocase con la cerrazón del nacionalismo español más casposo en Madrid representado en aquella desafortunada frase del desafortunado Alfonso Guerra: “Nos hemos cepillado el Estatut”. De aquellos males, por mucho que ahora todo aquel enorme despropósito político que protagonizaron el PP para acosar al entonces Gobierno de Zapatero y sectores jacobinos de la vieja guardia felipista, vienen estos tiempos convulsos. Y no conviene olvidarlo, porque sin el acoso político y luego judicial -desde el Tribunal Constitucional- contra aquel Estatut autonomista y la bochornosa persecución actual contra políticos soberanistas, la situación actual sería otra muy diferente en Catalunya y en el conjunto del Estado español. Y aquella cerrazón -con una amalgama de bravuconadas políticas y mediáticas- ha alimentado el malestar en cada vez mayores capas de la sociedad catalana y aumentado las adhesiones soberanistas. El error histórico de desatender las legítimas reivindicaciones catalanas expresadas de forma cívica, libre y democrática evidencia una falta de normalidad democrática en la concepción política de amplios sectores del PP e incluso del PSOE. Sólo la vía del diálogo político honesto y sin condiciones, un juicio justo y no políticamente dirigido a los políticos presos y exilados y la asunción de un referéndum pactado, legal y vinculante que permita la expresión de la voluntad política de todos los catalanes y catalanas puede cerrar esta crisis que lastra a Catalunya, al Estado y también a la misma Unión Europea.
