Leo en los medios los supuestos contenidos de un informe de Fiscalía -se supone que aún está en elaboración- que da cuenta ya de las penas que va a solicitar a los políticos catalanistas en prisión. Evidentemente, esa filtración sólo puede venir de los pocos, muy pocos, que pueden conocer su contenido. Un escándalo más de la politización de la Justicia en los altos tribunales españoles. Más aún si se tiene en cuenta que esos altos tribunales han sido copados en los últimos años por jueces y fiscales afines al PP en muchos casos saltándose los procedimientos ordinarios y optando por candidatos con menor experiencia. Ni siquiera se molestan en disimular: la afinidad política, el amiguismo corporativo o el nepotismo familiar han acabado impregnando todo. También la credibilidad e imparcialidad de la justicia. La Sala de lo Penal del Supremo es clave: se juzgan importantes casos de corrupción política y cuestiones políticas que no son corrupción. El régimen sabe que tiene necesidad de protegerse a sí mismo de sus propios desmanes y el control de los tribunales de justicia es un elemento fundamental. Montesquieu murió hace tantos años que a nadie le interesa recordar su propuesta de la separación de poderes como garantía democrática. Al contrario, cuanto más interdependientes y menos separados estén el Gobierno, la política y la Justicia y también los medios, más controlado y uniforme será todo. Basta ver el rosario de magistrados que han ido juzgando en la Audiencia Nacional a los jóvenes de Alsasua. Parece que estuviera todo organizado para que no haya fugas ni actuaciones independientes que puedan deparar sustos desagradables. A ello se le suman unas leyes ordenadamente apañadas para cercenar la propia democracia y la democracia termina sometida al poder de quienes elaboran e interpretan esas leyes. Que acaban siendo los mismos.
