Mesa de Redacción

Víctimas de segunda y dispersión

09.02.2020 | 05:21

Se cumplen ya tres décadas, 30 años, de la política de dispersión penitenciaria y es necesario denunciar de nuevo la vulneración de derechos, tanto de los propios presos como de sus familiares, que supone esta estrategia que se amparó en la excepcionalidad legal bajo el paraguas de la lucha contra ETA. Pero ETA ya no existe y la dispersión y sus consecuencias permanecen intactas. El alejamiento y la dispersión, la continuidad en prisión pese a sufrir enfermedades incurables o la cadena perpetua encubierta y ahora el denominado derecho penal de autor, que no castiga hechos, sino personas, ni siquiera se adecuan al espíritu de la Constitución en el ámbito de la reinserción. Los presos tienen derechos más allá del alcance de sus delitos y condenas e independientemente de su situación administrativa, mental, penal, civil... Y más aún sus familiares, a los que se les aplica una injusta condena sólo por sus vínculos personales. De hecho, en estos 20 años, 16 familiares de presos han muerto en carretera cuando viajaban a visitar a sus allegados, entre ellos las navarras Sara Fernández y Karmele Soraguren. La utilización de la política penitenciaria como instrumento de guerra -y ahora ya sin violencia- vulnera derechos humanos básicos y evidencia ahora con mayor crudeza que la aplicación de medidas de dudoso encaje democrático para combatir actitudes de violencia y terrorismo es un inaceptable. Asesinar, secuestrar, extorsionar y perseguir al diferente estuvo mal, fue injusto y, sobre todo, fue inhumano. Pero la dispersión también es injusta, una injusticia judicial, política e institucional que también ha causado daño injusto. La historia se empeña en demostrar una y otra vez que el debate de la elección entre seguridad y derechos y libertades democráticas es falso e interesado. Lo acaban de denunciar en una carta pública medio centenar de víctimas de ETA respecto a los vetos políticos, policiales y judiciales a las leyes de reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, de grupos ultras y de la guerra sucia del Estado. "Es un error político y humano grave", afirman. Y en efecto, lo es. También es inhumana esa división entre víctimas de la violencia entre víctimas de primera y víctimas de segunda a las que se trata de invisibilizar y negar.