La celebración de una nueva multitudinaria Diada marca la realidad de una situación de un punto de no retorno en la reivindicación del derecho a decidir de Catalunya. Con la mayoría de los principales dirigentes catalanistas en la cárcel -y pendientes de una sentencia del Supremo que se hará pública en poco tiempo- o en el exilio tras el referéndum del 1-O, 600.000 personas consolidaron un año más una reclamación democrática iniciada desde que el intento de reorganizar el encaje de Catalunya en el Estado español a través de la reforma de su Estatut -que tuvo un muy mayoritario respaldo en las urnas- chocase con la cerrazón del nacionalismo español más casposo en Madrid. Aquella desafortunada frase del desafortunado Alfonso Guerra: “Nos hemos cepillado el Estatut”. De aquellos males vienen estos tiempos convulsos. Es cierto que esta última Diada ha tenido menor participación que las registradas la mayor parte de estos ocho últimos años, pero harían mal la política de Madrid y los poderes del Estado en interpretar erróneamente una vez más la realidad de Catalunya. 600.000 personas sigue siendo una capacidad de movilización anual única en la Europa de hoy. También es cierto que la división entre las estrategias de los diferentes partidos catalanistas sobre el camino por recorrer a partir de ahora añade un factor de desazón y cansancio en el espacio soberanista de Catalunya. Pero tampoco en esto merece la pena engañarse. La bochornosa persecución actual contra políticos soberanistas y el alcance de la sentencia del 1-O de 2017 será seguramente un factor de cohesión catalanista de consecuencias imprevisibles. El error histórico de desatender las legítimas reivindicaciones catalanas expresadas de forma cívica, libre y democrática evidencia una falta de normalidad en la concepción de la política. Sólo la vía del diálogo político honesto, democrático y sin condiciones que lleve a un acuerdo para un referéndum pactado, legal y vinculante que permita la expresión de la voluntad política de todos los catalanes y catalanas puede cerrar esta crisis que lastra a Catalunya, mantiene bloqueado al Estado en un actitud de inacción e incapacidad de afrontar y resolver el problema y se expande también por la misma Unión Europea. Que los partidos españoles no quieran incluir a Catalunya en una agenda seria de acuerdo, únicamente discursos amenazantes y beligerantes, no elimina el alcance del problema.
