la UPN actual va en dirección contraria en lo relativo a la transferencia de Tráfico. Antes que nada, este regionalismo descafeinado marcha en sentido opuesto al curso de la historia. Pues a Navarra le asiste el derecho preconstitucional a ejercer una competencia de la que el ministro franquista Camilo Alonso Vega le privó en 1962 y a la que en 1928 había dado carta de naturaleza el Cuerpo de Carreteras, precursor de la Policía Foral. Pero es que esta desmemoriada UPN también se conduce mancillando su propia trayectoria. Basta recordar cómo en sendas presidencias de Sanz se anunciaron principios de acuerdo con gobiernos de Aznar (2000) y de Zapatero (2005), sin que a la postre se materializaran por conllevar el cobro por Navarra de las multas interpuestas en territorio foral, casi doce millones anuales hoy. Entonces, como ahora, los negociadores de aquí y de allí no se planteaban que la Guardia Civil dejara de ejercer ninguna de sus funciones restantes, menos todavía su repliegue. Incluso aunque los intervinientes admitieran en privado que el mapa policial de Navarra precisaría desde la perspectiva operativa de un replanteamiento en cuanto a competencias y demarcaciones en aras a una mayor eficiencia. La resultante es que esta UPN se rebela de forma pueril contra el traspaso ya comprometido simplemente porque otros parecen cerca de consumar lo que sus gobiernos no pudieron pese al esfuerzo de tantos, a costa por cierto de contravenir con esa miopía política el interés general de la ciudadanía navarra más allá de ideologías. Qué tiempos aquellos en los que Sanz proclamaba que la Policía Foral era “la bandera del autogobierno”, cita literal.
