spero que las investigaciones judiciales abiertas contra Juan Carlos de Borbón por sus salchuchos con las dictaduras árabes del Golfo Pérsico acaben estrechando el cerco del camino hacia el banquillo de los acusados. Que no sean meros movimientos para terminar en un carpetazo bajo la excusa de cualquier subterfugio legal. Pero desconfío. No son nuevas las apariciones estelares de miembros de la familia Borbón en casos vinculados a la corrupción o a delitos monetarios de diversa índole. No solo la familia directa del actual rey Felipe VI -su padre Juan Carlos, rey anterior, su hermana Cristina o su cuñado Urdangarin, ya condenado-, sino una larga lista de parientes más o menos cercanos componen un cuadro completo de las andanzas oscuras de la familia. A Juan Carlos le señala una lista de presuntos delitos que van desde el cobro de comisiones ilegales a la evasión de capitales, fundaciones opacas en paraísos fiscales o el delito fiscal. Todo impresentable para quien ha tenido durante décadas la representación de la Jefatura del Estado. Un principio del epílogo de la historia que comenzó con el dedo del genocida Franco señalándole para el cargo por encima de la voluntad democrática de los ciudadanos. Se trata de eso precisamente, de que no es sólo un problema de familia en el peor de los sentidos. Va más allá de los Borbones. Hay todo un conglomerado de aduladores y cortesanos -súbditos y pelotas-, que no sólo le han bailado las gracias durante años, sino que se han dedicado a tapar y ocultar sus sucesivos desbarres. Que pretendieran pasarlo a la Historia oficial con el sobrenombre de El Campechano dice todo del nivel ínfimo de esa Corte que componen políticos, empresarios, banqueros o periodistas. Supongo que será la propia historia que venga después la que le buscará un sobrenombre más propio con sus hechos -el dinero y las amantes como símbolos más visibles de su paso por este mundo-, para pasar a la Historia real. No es la familia Borbón solo el problema. Es una pequeña parte en todo caso. El problema es la propia institución de la Monarquía, un residuo antidemocrático del viejo medievo que queda muy lejos de los valores y principios de la democracia. Más aún en este siglo XXI. A mí los amoríos y andanzas sexuales de Juan Carlos en su juventud o madurez me importan nada. Pero ahora la cuestión es judicial y penal y eso es otra cosa cuando afecta a un ex jefe del Estado. Si los hechos y los tiempos de los mismos se confirman ni la inviolabilidad ni la imputabilidad -privilegios legales de excepción en realidad-, le garantizarán ya esa impunidad eterna de la que ha disfrutado hasta ahora. O eso espero al menos.