n nuevo informe de la ONG Intermón Oxfam alerta sobre el aumento de la pobreza en el Estado español como consecuencia de las secuelas sociales, presupuestarias y laborales y la consiguiente caída del PIB de la pandemia de la covid-19. Según Oxfam, la pobreza alcanzará a finales de este 2020 a un cuarto de la población española -casi 11 millones de personas-, aunque matiza que los efectos serán menores en comunidades como Navarra, la CAV, Madrid o Catalunya. La ONG llama, como alternativa, a tomar medidas que eviten la precariedad laboral e impulsen la redistribución de la riqueza para evitar que aumente la desigualdad. En realidad, el informe de Intermón Oxfam confirma una vez más las denuncias sobre el crecimiento de la desigualdad y las teorías que sitúan a esta como origen de los principales conflictos hechas públicas desde el comienzo de la crisis por expertos económicos y organizaciones sociales. La crisis sanitaria ha vuelto a poner sobre la mesa del debate público la urgencia de solventar esa descomunal carencia mediante una redistribución ordenada de la riqueza a todos los niveles, tanto global como estado a estado, un proceso necesario e imprescindible que sólo se puede obtener con nuevas políticas fiscales más equitativas que impidan la existencia de paraísos fiscales y sistemas laborales y sociales que garanticen la protección y la igualdad de oportunidades de los más débiles. Se debe apostar por unas políticas fiscales valientes, efectivas y novedosas que eliminen los efectos de la desregulación y el fraude tributario. Y Navarra puede y debe hacerlo. De lo contrario, a la precariedad en el empleo que afecta a los más jóvenes, base del aumento de la nueva pobreza en el Estado en el último lustro, se añadirán otros dos factores que agravarán aún más el panorama en el futuro inmediato. El impacto de la subida de impuestos indirectos y del recorte de las pensiones cercenarán en la próxima década la ya depauperada renta media familiar y contribuirán a engrosar la bolsa de la pobreza. Ese crecimiento exponencial de la desigualdad amenaza ya severamente los derechos fundamentales que la civilización ha venido asentando a lo largo de la historia. No se trata de demagogia, sino de la urgente necesidad de revisar el orden de prioridades de las políticas para evitar el regreso a los desequilibrios económicos y sociales viejos y nuevos y a sus desgarradoras consecuencias.