Memoria democrática

17.09.2020 | 00:04
La Mesa de Redacción por Joseba Santamaria

El proyecto de ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno central abarca numerosas medidas en sus 66 artículos, incluido un régimen sancionador para poner fin a la apología permanente del genocidio franquista por parte de importantes sectores –periodísticos, militares, religiosos, empresariales, etcétera–, nostálgicos de aquel pasado antidemocrático y casposo. Quizá lo más importante sea colocar en su sitio las tropelías de un régimen –desde las violaciones de derechos humanos a los juicios franquistas– que quedaron impunes por el silencio del olvido hace 40 años. Y entre todo ello, sobre todo la puerta abierta a investigar los crímenes del franquismo y a sus responsables. La última vez que se intentó abrir esa vía judicial, el magistrado responsable, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo tras una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, cuyos principales responsables acabaron después condenados y en algunos casos en la cárcel por diversos delitos. Aquel proceso fue un recuerdo ejemplarizante para recordar que el poder de la nostalgia de aquel régimen gris y asesino era aún mayor que la legitimidad de la memoria de los perseguidos para recuperar un lugar digno en la historia, incluso en la historia de sus familias. Decenas de miles de personas siguen enterradas y desaparecidas en fosas por todo el Estado, también en Navarra, y los portavoces del revisionismo negro para ocultar y edulcorar las atrocidades de aquel exterminio programado han seguido y siguen campando a sus anchas por tribunas, cátedras, tribunales, púlpitos y medios de comunicación. Pero ahí está como documento histórico del testimonio de la verdadera intención de aquella conspiración y de sus principales ejecutores el bando que emitió Mola desde Pamplona animando a extender el terror por los medios que fuera. En Navarra, la orden se cumplió a rajatabla: en unas semanas, más de 3.200 personas fueron asesinadas y hechas desaparecer sin juicio e impunemente en una zona en la que ni hubo frente de guerra. De eso trata el fondo de esta Ley de Memoria Democrática –una versión ampliada de la anterior Ley de Memoria Histórica–, de recuperar la verdad y sacar del olvido aquellos hechos, de denunciar y eliminar sus arbitrariedades e injusticias y de investigar sus crímenes –hasta ahora aún amparados por el sumiso silencio del Estado–, de situar su apología en el ámbito del delito y de anteponer la dignidad democrática al chantaje del olvido que impuso el franquismo hace 40 años. En definitiva, de poner fin a una excepcionalidad antidemocrática en la Europa de las democracia avanzadas.

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