as fechas de conmemoración, que casi siempre son también de recuerdo y de homenaje, alcanzan dígitos más especiales conforme pasan los años. Ahora se cumplen 35 de la detención de Mikel Zabalza y de otras personas en el marco de una supuesta operación antiterrorista contra ETA que los hechos demostraron que no fue tal, sino un inmenso error policial de la Guardia Civil. Aquellos hechos volverán a ser recordados este fin de semana en sendos homenajes a Mikel Zabalza en su localidad natal de Orbaizeta. Zabalza fue torturado y murió en el cuartel de Intxaurrondo antes de ser arrojado esposado al río Bidasoa, donde su cadáver apareció 20 días después de su detención. Tenía entonces 33 años y ya no pudo cumplir ninguno más. Una fecha aniversario que reabre cada año el debate vigente sobre el reconocimiento institucional y jurídico a las víctimas de las otras violencias, al margen del terrorismo de ETA. Los hechos reales se trataron de ocultar con una versión oficial con pruebas falsificadas que la investigación judicial, los análisis periciales y las declaraciones de testigos dejaron en evidencia. Ya lo he escrito otras veces antes a lo largo de estos 35 años. Pero insistiré también este 2020. Debe exigirse al Estado que asuma las consecuencias humanas derivadas de las líneas rojas antidemocráticas cruzadas con la excusa de la lucha antiterrorista. Y Mikel Zabalza es un ejemplo (hay otros casos). Fue una víctima inocente y padeció un asesinato brutal cuando estaba detenido por un Estado cuyo deber era protegerle. Tan brutal como fue, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Si en lo personal el perdón necesita del encuentro de dos intereses humanos diferentes, el de la solicitud y el de la aceptación, en el terrorismo de Estado y la guerra sucia de los aparatos policiales o militares, el reconocimiento de sus víctimas es una obligación ética y democrática. A otras víctimas de ETA y a Zabalza no les separa su condición de víctimas, sino su trato como víctimas. Las víctimas del terrorismo de ETA tienen reconocimiento, memoria, justicia y reparación. Mikel Zabalza tiene memoria porque sus familiares, vecinos y la propia sociedad navarra -ahora también sus instituciones- han trabajado por ello. Pero no tiene ni verdad, ni reconocimiento, ni justicia, ni reparación. Y esa diferencia es inaceptable desde la convivencia democrática. Sus familiares y su memoria tienen derecho a la verdad. La verdad, 35 años después, ya es suficiente seguramente. Y a que el Gobierno admita que fueron hechos inadmisibles en una democracia. Ahora que Felipe González dice que nadie le va a callar es su momento: era presidente del Gobierno. Que hable. El Gobierno británico lo hizo cuando se demostraron actuaciones al margen de la legalidad democrática en la lucha contra el IRA. Un año más.