Mesa de Redacción

Una cuestión de libertad de prensa

05.01.2021 | 00:16
Mesa de redacción, por Joseba Santamaria

La justicia británica ha rechazado la extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a EEUU. La juez alega razones sanitarias y alto riesgo de suicidio. Es una pequeña victoria –hay 14 días para recurrir el fallo– de la libertad de prensa y del ejercicio del periodismo. A Assange se le acusa en EEUU de 17 delitos como supuesto responsable de la red que filtró –hace 10 años– miles de cables secretos que ensombrecieron el respeto democrático en la actividad de ministerios de Defensa, Seguridad, Exteriores, embajadas y corporaciones multinacionales de decenas de estados. EEUU le persigue por publicar documentación sobre actividades ilegales del Pentágono, la CIA y empresas de seguridad privada. Tras siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres fue detenido y desde entonces ha estado en una celda de alta seguridad en Londres bajo confinamiento solitario. Una tortura según las asociaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de información. Pero la publicación de millones de correos electrónicos puso de manifiesto ante todo el mundo la pérdida de calidad del sistema democrático ante la capacidad de presión de los intereses económicos y geopolíticos de las grandes corporaciones multinacionales y la sumisión de los gobiernos encargados en teoría de su supervisión. El escándalo desveló un modelo en el que multinacionales, gobiernos y entidades financieras se saltan las leyes para obtener beneficios, aun a costa en muchos casos de ocasionar perjuicios personales y colectivos, políticos, económicos y empresariales a otros. Demostró que se han obtenido posiciones de poder y chantaje a costa de espiar, contratar mafias, comprar y vender información reservada e impulsar la corrupción en el mismo núcleo de los países democráticos, muchas veces con la propia colaboración de esos estados. Negocios redondos al margen de la ley surgidos de la doctrina neoliberal de externalizar todos los servicios públicos, desde el apetitoso negocio de la sanidad y la atención social hasta la privatización del espionaje. El caso de las cloacas policiales de Villarejo con los gobiernos de PSOE y PP a lo bestia. Ninguno de los responsables de todo un cúmulo de operaciones ilegales y criminales ha tenido que responder política o penalmente. La documentación revelada por Wikileaks evidenció que los gobiernos siguen anteponiendo esa oscura idea de los intereses de Estado –crímenes de guerra, corrupción y otros delitos graves– a la legalidad democrática y la ética política. Y matar al mensajero no oculta que nada de ello ha sido desmentido. Es una cuestión de libertad de prensa en un momento en que se persigue la libertad y los derechos constitucionales de opinión, de expresión y de información señalando judicialmente a periodistas y medios. Lo dejó claro Trump cuando chantajeó a Assange ofreciéndole el indulto a cambio de desvelar sus fuentes.