a banca ha recalcado durante la pandemia su importancia capital ante una situación de excepcional gravedad aportando liquidez, más créditos con avales del Estado y adoptando medidas complementarias de apoyo a la ciudadanía como las moratorias. Hasta aquí, razonable y elogiable. Pero la ecuación se ha roto cuando, bajo la excusa de la crisis, las principales entidades han puesto en marcha planes de despidos que afectan a 19.000 personas pese a las advertencias de Gobierno y sindicatos ante una medida que tiene como objetivo sanear los balances contables y ampliar sus beneficios. Está visto que cobrar por muchos de sus servicios más habituales ya no es suficiente para engordar las cuentas de resultados y apuestan por la mano dura con el despido de casi una cuarta parte de sus plantillas. Más parados y prejubilados que las arcas del Estado deberán costear mientras los principales dirigentes y estrategas de estos megadespidos mantienen sueldos millonarios, además de los pagos en especie que suponen los incentivos en acciones y las escandalosas aportaciones a sus planes de pensiones. Y todo ello después de más de una década de recibir ingentes cantidades de dinero público en forma ayudas y rescates. La ética de los banqueros sin escrúpulos está otra vez en entredicho y a este paso llegarán a cobrarnos no por dejarnos dinero, sino por dejárselo nosotros a ellos. Al tiempo.