No era difícil prever que la propuesta del Gobierno –más bien del PSOE en este caso– para poner fin a la Ley de Secretos Oficiales vigente desde la dictadura franquista y aprobar una nueva normativa iba a generar más frustración que aplausos. Una nueva tomadura de pelo. Un quiero y no puedo. O mejor un quiero y tampoco me dejan a nombre de Sánchez más. La propuesta de anteproyecto queda muy lejos de las demandas y expectativas de su socio de coalición Unidas Podemos en el Gobierno y también de las reivindicaciones de los partidos que sostienen al Gobierno de Sánchez con sus votos en el Congreso. Ni PNV, que lleva seis años exigiendo el cumplimiento de ese compromiso a Sánchez, ni EH Bildu ni ERC y otros más la consideran suficiente. Solo el PP se ha apresurado a adelantar su disposición a negociar su apoyo. Normal. La propuesta plantea asegurar la impunidad a aquellos hechos salvaguardados bajo el concepto de secreto oficial durante 50 años, prorrogables otros 15 en caso de interés para la Seguridad o Defensa del estado. Es decir, un amparo oscuro sujeto a ideas tan volubles y volátiles como la vieja y recurrida cuestión de Estado. Conceptos que valen para todo tipo de casos en función del interés del Gobierno de turno por encubrir aquellas tropelías y fechorías indecorosas e inaceptables desde los valores fundamentales de un sistema democrático. El objetivo es un simple lavado de cara estético. Pero se trata de seguir manteniendo una zona de sombras sobre aquellos episodios negros protagonizados por el Estado y sus brazos ejecutores más tenebrosos. 50 años de silencio y ocultación que incluye los trapicheos que fraguaron los cimientos del régimen del 78 que tan bien definió el testamento político del genocida Franco con su célebre atado y bien atado. También la violencia de aquella Transición que denominaron ejemplar, pero que siguen prefiriendo mantener oculta, el terrorismo de derechas y extrema derecha, la guerra sucia de los apartaos policiales y militares del Estado, los documentos sobre el golpe del 23-F, las andanza de esta Monarquía, los GAL, etcétera. Tratan a sus socios políticos y a los ciudadanos como idiotas, pese a que buena parte de esos hechos y de las responsabilidades de quienes los protagonizaron ya han sido publicados. Se trata más que de proteger el secreto, intentar evitar el conocimiento público de la verdad en todas sus dimensiones y el bochorno social a quienes las protagonizaron. Con ese amplio periodo de tiempo, ninguno de los responsables de hechos posiblemente delictivos al amparo del Estado estarían vivos en caso de abrirse esos archivos al conocimiento público. Alejados en los tiempos de secreto de lo que son las legislaciones de otras democracias avanzadas, los tímidos pasos que parece estar dispuesto a dar el Gobierno de Sánchez para derogar con más de 40 años de retraso una normativa antidemocrática son otra filfa más. Otro ejercicio de gatopardismo: cambiar para que nada cambie. Mucho trabajo para los socios políticos de Sánchez. Y me da que imposible. La verdad, mejor bien escondida.