Sé que estos días no será una posición de las más populares, pero siempre he creído que ni toda la política ni todos los políticos son iguales. Los corruptos y los corruptores –de estos se habla muy poco, pero son las grandes empresas que se llevan los grandes beneficios de la corrupción–, son minoría, pero cunden mucho eso es cierto. Tampoco creo, por supuesto, que todas las políticas sean iguales, simplemente las consecuencias que se derivan de las decisiones de un modelo político o de otro son muy diferentes para la calidad de vida de los ciudadanos. Navarra es un buen ejemplo. Pero es cierto que resulta democráticamente descorazonador leer sobre los continuos casos de corrupción. Y es peor no poder evitar pensar que este modelo de corrupción no tiene su origen sólo en un problema de actuaciones individuales, sino en un modelo institucionalizado de intercambio de trapicheos generalizados. Ahora es el caso Koldo de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas con importantes ramificaciones en Navarra, donde la UCO sitúa incluso el origen de la trama con el ya dimitido secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, de presunto director de una orquesta con escenas y diálogos ganadores de un guión de Torrente. Un caso más como todos los anteriores y las decenas aún pendientes de resolución judicial, una mezcla de tipos chusqueros y patibularios en los aledaños del poder político de fiesta con las grandes empresas que por muy poco en mordidas logran mucho en beneficios y acostumbran a salir de rositas. Son muchos años sucediéndose un caso tras otro sin que casi nada haya cambiado. Siempre se habla de endurecer la legislación contra la corrupción política en España –el país de la UE más afectado por esta podredumbre y el 95% de los ciudadanos cree que la corrupción es generalizada–, pero las medidas nunca llegan a buen puerto. La proliferación de escándalos, el hecho de que la mayor parte de ellos se salden con penas irrisorias, cuando no el sobreseimiento por la prescripción de los delitos, la extensión del privilegio del aforamiento y otros tratos de favor para políticos, jueces, fiscales, altos funcionarios y elites financieras y empresariales en España y la realidad de que nadie asume responsabilidad alguna por sus actuaciones, o como mucho mínimas en algunos casos, elevan el malestar social con la política, minan la credibilidad de la instituciones y de los gestores de los recursos públicos y extienden la desafección con la deriva de la democracia hacia el autoritarismo. Ni PSOE ni PP han sido capaces de erradicar su corrupción. Al contrario, han optado por proteger a sus delincuentes y apuntar con el dedo acusador al adversario con el banal argumento del ventilador y el y tú más. Otra semana de corruptos y corruptores. La juerga no para y alimenta esa lamentable desvergüenza que está minorizando el valor de la política, alentando el rechazo social a los valores democráticos y a los logros del Estado de Bienestar y ensalzando las posiciones reaccionarias en una sociedad sumisa y satisfecha de obedecer las consignas del nuevo orden. En la consolidación social de ese desencanto se cultivan la demagogia, el populismo y el fanatismo como alternativas amenazantes. Es lo preocupante. El riesgo de que se acabe suprimiendo la democracia es real y objetivo.