0,3% del sector público: obediencia a la Troika

07.02.2020 | 12:15

LAB, CCOO y UGT han firmado un acuerdo con el Gobierno de Navarra para el reparto en el sector público de un 0,30% de su masa salarial. Se trata de un acuerdo para el periodo 2018-2021, pero el Estado impone un requisito: que Navarra acabe con superávit presupuestario esos años. Es decir, para que ese 0,30% se reparta, Navarra debe acabar cada ejercicio presupuestario con más ingresos que gastos, sin importar todas las necesidades sociales que queden sin cubrir (en Navarra 83.000 personas se encuentran en situación de pobreza, por poner un ejemplo).

La obligación de acabar los ejercicios con superávit es la base de la política neoliberal. La crisis económica fue aprovechada por la Unión Europea para imponer la política de austeridad, una política que ha tenido unas consecuencias nefastas para la clase trabajadora. La imposición de la austeridad llevó incluso a modificar la Constitución española en agosto de 2011 (artículo 135, con votos a favor de PSOE, PP y UPN) para priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otra partida del presupuesto público (pensiones, educación, sanidad?).

¿Cuál es el origen del acuerdo que se ha firmado en Navarra?

El acuerdo firmado recientemente en la Mesa General de Navarra tiene como base ese artículo 135. Obedece a los límites que el PP, CCOO y UGT acordaron en Madrid en marzo de 2018. Allí se fijó un incremento salarial para los años 2018-2020 que, además de no recuperar la reducción salarial que se aplicó en 2010, ni tan siquiera garantiza subidas salariales del IPC.

El acuerdo para el sector público firmado por CCOO y UGT supuso un auténtico balón de oxígeno para Rajoy: la firma del acuerdo se produjo el 12 de marzo de 2018, justo 4 días después de la mayor movilización feminista de la historia y cuando los pensionistas estaban tomando las calles. Además, esta forma de negociación en la que los acuerdos se negocian en Madrid sin respetar las mayorías sindicales de Navarra (estatalización de la negociación colectiva) es también la apuesta que están llevando a cabo UGT y CCOO en la negociación de los convenios sectoriales navarros.

En aquel acuerdo de Madrid abrieron la posibilidad de destinar un 0,30% adicional de la masa salarial siempre que se cumpla con el objetivo del déficit, posibilidad que se ha plasmado en Navarra a través del acuerdo de LAB, CCOO y UGT. Aquí supone un reparto de 3,4 millones sobre un superávit público de 241 millones; es la negación misma del autogobierno.

No es de extrañar, por tanto, la firma de este acuerdo en Navarra de las delegaciones de CCOO y UGT. Va en línea con el apoyo histórico que ha prestado a diferentes gobiernos, tanto en Madrid como en Navarra, incluso cuando más recortes estaban aplicando (buen ejemplo de ello es la reforma de pensiones con la que retrasaron la edad de jubilación de 65 a 67 años).

Un 0,3% a cambio de mantener recortes

En este contexto, la decisión de LAB de firmar este acuerdo resulta difícil de comprender. Avalar un acuerdo que tiene como base el cumplimiento del objetivo del déficit y aceptar que la negociación se decida en Madrid, limitando el papel de la Mesa General de Navarra a ser una simple sucursal donde administrar los acuerdos firmados por mayorías sindicales distintas a las elegidas aquí, es una mala noticia (hay que recordar que en Navarra ELA y LAB tenemos mayoría en la Mesa General).

Acabar los ejercicios presupuestarios con superávit cuando existen importantes necesidades sociales que no se están cubriendo (revertir recortes en los servicios públicos, garantizar el acceso a la vivienda, dignificar las prestaciones sociales?) es la definición más clara del neoliberalismo. La firma de LAB, CCOO y UGT de un acuerdo decidido en Madrid, y que tiene como requisito el cumplimiento del objetivo de déficit público, resulta todavía más grave teniendo en cuenta que en Navarra tenemos una presión fiscal injustamente repartida y que se encuentra a la cola de la Unión Europea.

La eliminación de los niveles más bajos de la Administración es una reivindicación histórica de ELA, pero no podemos compartir que el modo en el que se ha hecho sea ni el mejor ni el único posible. No se puede olvidar que este acuerdo se condiciona a que siga manteniéndose un superávit, basado precisamente en los recortes de los servicios públicos.

El Gobierno de Navarra sabe que tiene margen para mejorar las condiciones laborales y los servicios públicos, por ello debería hacer valer el autogobierno para que la política no acabe limitándose al arte de obedecer leyes injustas.

El sindicalismo reivindicativo tiene un reto en Navarra, nadie discute su dificultad; mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en la Administración a través de la organización y el empoderamiento de esos colectivos, pero nunca a través de la aceptación de la política de austeridad y los recortes.

Responsable de Servicios Públicos de ELA y responsable de Negociación Colectiva de ELA, respectivamente