La futura Ley de Policías se trata de un cambio normativo cocinado a fuego lento, al gusto de sus promotores y sustentado por sindicatos corporativos, con una notable e influyente presencia de altos mandos entre sus filas. Partiendo de estos ingredientes, lo primero era concebir un caldo adecuado, donde poco importaba si lo que se decía era verdad mientras sirviese para crear un estado de opinión que propiciase un cambio normativo.

Uno de los principales motivos que se argumentan para la modificación de la actual Ley de Policías es que en la Policía Foral, tras la modificación producida en 2015, hay un fracaso organizativo y operativo en algunas unidades, pero curiosamente, cuando hemos solicitado datos que avalen dicho argumento, no lo hacen, por lo que dudamos que existan.

Lo que sí tenemos claro es que con el nuevo sistema de jornadas que se prevé en la Proposición de Ley (muy parecido al que hubo durante 12 años en Policía Foral), la organización y operatividad en Policía Foral, y lo que es más importante, la respuesta al ciudadano, no va a ser mejorada con respecto a la que se da en la actualidad por mucho que nos lo intenten vender.

Nuestra postura es clara; la única solución para dar una mejor respuesta al ciudadano es ampliar la plantilla, ya que seguimos queriendo tapar con una boina o gorra tres cabezas y eso no es posible ni ahora ni nunca. Este proceso de aumentar la plantilla de la Policía Foral tiene que ser consecuencia de una mayor asunción de competencias y debe ir acompañado de una disminución de la presencia de otras fuerzas policiales. Esta medida también serviría para combatir la falsa e interesada polémica creada sobre la atención de emergencias en Navarra.

La sostenibilidad de un servicio público, sea cual sea, solo es posible con incorporaciones de nuevos efectivos que vayan cogiendo el testigo de los más veteranos, que si bien mejoran su desempeño gracias a su experiencia, también desciende su rendimiento al tiempo que aumenta la edad. La nueva proposición de Ley instaura el régimen disciplinario más duro que hemos conocido, sin parangón dentro la función pública, careciendo de motivos objetivos para ello.

Pero lo que deja muy claro es que crea policías (en el futuro denominados agentes) de primera, segunda y tercera categoría, ya que dependiendo de diferentes criterios, las condiciones laborales son distintas para unos y para otros. Por eso no es verdad lo que dicen algunos sindicatos cuando aseguran que esta modificación no perjudica a nadie y beneficia a todos.

Asimismo, también queremos denunciar que la modificación de la ley en ningún momento conlleva la suspensión de las medidas de optimización y privatización que se implantaron en Policía Foral a primeros de este año, medidas que, lejos de solucionar problemas, han generado otros. Hay que recordar que, como consecuencia de esa decisión, se eliminaron servicios, se suprimieron grupos de trabajo y se sustituyeron policías forales por vigilantes de seguridad privada en la comisaría de Beloso, lo que en la práctica supuso retomar la misma política de los gobiernos de UPN en contra de los servicios públicos y en favor de empresas privadas.

Por otro lado, la proposición de Ley se olvida por completo de los agentes municipales, dejándoles en una indefensión total.

Esta forma de política no es nueva, se trata de elevar a dogma la consigna de divide y vencerás sin importar las consecuencias y propiciando un clima sociolaboral insostenible. Esta Ley no va a arreglar los males de Policía Foral. Los va a proyectar en el tiempo sin solución posible. Pero va a llenar los bolsillos y el ego de algunos, pocos, pero que han sabido engatusar a nuestros representantes.

ELA Policía Foral