Prohibición de coches diésel y gasolina en 2040

La anunciada prohibición de la venta de coches diésel, gasolina e híbridos para 2040, anunciada la semana pasada al hacerse público el primer borrador de ley de cambio climático redactado por el Gobierno español, ha sido calificada por algunos sectores, entre ellos los automovilísticos, de excesiva y acelerada, cuando en realidad es una tendencia internacional creciente. El horizonte fijado de 2040, lejos de colocarse en la vanguardia, es el más retrasado de los Estados que manejan esta medida. Concretamente seis países de la UE prevén ya vetar estos vehículos: Dinamarca, Países Bajos, Irlanda en 2030, Austria baraja 2020. Francia y Reino Unido también en 2040. Fuera de la Unión Europea, Noruega ha establecido la prohibición en 2025, y dos de los principales emisores de gases invernadero, China e India, han anunciado medidas iguales para 2040 y 2030, respectivamente. China es el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero (GEI) con más de 12 millones de toneladas anuales lanzadas a la atmósfera (la Unión Europea es el tercero con más de cuatro millones). La India es el cuarto con más de tres millones de GEI al año. Se da la circunstancia de que el Gobierno de la India anunció su compromiso en 2017, cuando contabiliza unos 50 millones de personas sin acceso a la electricidad.

La medida es totalmente coherente si se quiere cumplir con los objetivos de la descarbonización de la economía en 2050, y eso es exactamente cumplir con lo que establece el Acuerdo de París, que suscribió el Gobierno español en 2015. El Acuerdo de París tiene como principal objetivo promover todos los esfuerzos necesarios para que la temperatura global del planeta no aumente en más de 1,5ºC y que en ningún caso supere los 2ºC.

La Comisión Europea ha establecido que las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser un 80% menores que en 1990 al alcanzar la mitad de siglo. Y el transporte debe cumplir con su parte. Ni más ni menos. La Hoja de Ruta de Cambio Climático HCCN-KLINA en Navarra, aprobada en sesión de Gobierno de 24 de enero de 2018, está en consonancia con los objetivos establecidos en la Cumbre Climática de París, y en el horizonte de 2050, se plantea una reducción del 80% de las emisiones, tomando como referencia las de 1990. Por otra parte, otra cuestión importante son las medidas adoptadas en numerosas ciudades, que van por delante en acabar con el transporte en base a los combustibles fósiles. De esta manera, nos encontramos en Europa, que las restricciones de paso a automóviles contaminantes en las ciudades se extienden incesantemente. Actualmente hay unas 260 Zonas de Bajas Emisiones, según la recopilación de la asociación Transport & Enviroment. Estas áreas suponen “limitaciones al tráfico, ya sean temporales o permanentes”. La mayoría tienen que ver con los coches con pasajeros.

La ley de cambio climático española todavía es un embrión. Acaba de ser presentada a los grupos parlamentarios, así que le queda un largo recorrido antes de aspirar a generar efectos. En el trámite, muchas cosas pueden cambiar. De hecho, en Gran Bretaña, el Gobierno ya ha flexibilizado su postura y otorgado una exención a los coches híbridos para más allá de 2040. Desde mi punto de vista, el Gobierno español ha tirado de la única medida concreta y valiente con el que por ahora cuenta el texto, que es la de prohibir la matriculación de vehículos con motores de combustión para 2040. Sin embargo, desde los objetivos generales, el borrador de ley de cambio climático nos lleva al desasosiego, ya que el objetivo de esta ley es reducir las emisiones de CO2 en un 20% para 2030 cuando el Acuerdo de París fue del 40%. Bien es cierto que el Estado español solo representa el 8% de las emisiones totales de la UE, pero con el potencial renovable que existe, la baja densidad de población y un clima benevolente, junto con el resto de países mediterráneos, y los que más vamos a sufrir las inclemencias del cambio climático, este objetivo se me antoja absolutamente insuficiente.

Como muestra, un ejemplo: los municipios en el Estado español que han suscrito el llamado pacto de los alcaldes se han comprometido a cumplir con la norma 20/20/20 (reducir el 20% para 2020) y a cumplir con París por sí mismos, con una reducción del 40% para ese 2030. ¿Cómo es que los municipios con un consumo del 75% de la energía pueden comprometerse a una reducción así y el Gobierno español conformarse con el 20%? Igualmente, un Gobierno que no parece hacer mención de modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, mantendrá el régimen marginalista para la fijación del precio de la electricidad, por lo que si se aumenta el consumo eléctrico con medidas como la famosa de los coches eléctricos, este precio no parará de subir.

Tampoco han hecho referencia a sectores de nuestra economía que aportan su granito de arena al aumento de las emisiones. Ni una palabra sobre los modelos de gestión de residuos o, mejor dicho, a reducir la generación de residuos. Nada de implementar sistemas como el Sistema de SDDR o el retorno directo que reducirían en más de cinco veces la generación de gases de efecto invernadero.

Está meridianamente claro que esto del cambio climático va muy en serio y ello debe ser un acicate importante para adoptar de una vez por todas medidas eficaces y valientes.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente