La semana pasada empezó el juicio al independentismo catalán y como era de esperar las débiles acusaciones que recaían sobre las personas procesadas comenzaron a desenmascararse. No sé cuántas personas estarán siguiendo el juicio íntegro, me temo que pocas, a pesar de que se trata uno de los mayores juicios políticos celebrados en Europa en este siglo. Tan solo TV3 está retransmitiendo todas las vistas por televisión y en el resto de televisiones y radios españolas nada nuevo bajo el sol: poco espacio y de baja calidad, empecinamiento en restar importancia a lo que está sucediendo y muchas interpretaciones torticeras y descontextualizadas.
En lo que llevamos de juicio se pueden apuntar algunas conclusiones importantes de lo practicado hasta el momento.
La primera: este juicio es una farsa. Está siendo uno de los casos de manipulación más escandalosos que ha conocido el Estado español. De momento el escenario es totalmente disparatado y parecería una obra de teatro en clave de sátira si no fuese porque esas mujeres y hombres llevan un año y medio en prisión por esas acusaciones y porque se están jugando muchísimos más años de cárcel.
La segunda: por el momento encima del escenario se tiene: una huelga de estudiantes pacífica, varios cortes de carreteras, unas sentadas pacíficas, la criminalización de la protesta por parte de la Fiscalía, unas pegatinas en varios coches de la Guardia Civil, Jordi Sánchez dando el teléfono móvil a la Guardia Civil, el cumplimiento de un programa electoral, murallas humanas tirándose contra la Policía y no policías apaleando a personas en un ejercicio pacífico de democracia, unos cuantos tuits, el correo de una persona que nadie sabe quién es pero que la Fiscalía, por si las moscas, no ha llamado como testigo, una secretaria judicial teniendo que salir (porque así lo quiso) por una puerta trasera, una huelga multitudinaria sin incidentes y ni un solo gasto de la Generalitat en el referéndum. No hay ni una pregunta por la organización de la respuesta violenta, armas, planes para intervenir, infraestructuras estratégicas? vamos, lo que vendrían a ser preguntas que probasen los delitos tan graves que se les imputan y que supuestamente han cometido.
La tercera conclusión se refiere a los innumerables derechos civiles, políticos y procesales ya vulnerados en este proceso. Algunos de ellos son los siguientes:
1. Vulneración del derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías, por la reiterada denegación de la incorporación de elementos de prueba (sobre todo atestados policiales) que obran en poder del Juzgado de Instrucción núm. 13 (a los que no han podido acceder las defensas) y por la fragmentación de las investigaciones sobre los mismos hechos, que impide que buena parte de la información no esté al alcance de la defensa. También por la denegación del sistema de la traducción simultánea del catalán al castellano y admitirse sólo la consecutiva, por estar en prisión provisional los/as acusados/as, lo cual ha dificultado la defensa y por la inadmisión generalizada de todos los medios de prueba que vienen a cuestionar la regularidad y transparencia de la investigación.
2. Vulneración del derecho a vivir en democracia, en relación con el derecho a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, reunión y a la participación política, todos ellos criminalizados con el procedimiento.
3. Vulneración del principio de legalidad y de presunción de inocencia.
4. Vulneración de la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia, al derecho al juez ordinario y predeterminado por la ley en cuanto a la falta de competencia del Tribunal Supremo.
La última conclusión emerge la mano de la dignidad de quienes se sientan en el banquillo, su capacidad intelectual, su talla democrática y la coherencia política que están mostrando. Además, cuando todas estas sobresalientes cualidades se comparan con una Fiscalía y Abogacía del Estado torpe, confusa, maliciosa, sin hilo argumental? una se siente abochornada de tanta palabra hueca envuelta en toca negra y silla de terciopelo.
A mi modo de ver, con todo lo anterior, lo que se está dando en esa sala es un auténtico juicio a la amorfa democracia del Régimen 78/155. La primera intervención de Oriol Junqueras fue una clase magistral de democracia. Las reflexiones de Romeva acerca de los 106 referéndums de autodeterminación que se han dado hasta ahora desde 1990 como ejercicio reconocido en la legislación internacional fueron intachables. Los suculentos datos de Turull numerando una a una las resoluciones que el Gobierno del Estado no ha cumplido del Tribunal Constitucional y por lo que nunca ha sido sancionado, un zaska de los grandes. Cuando Dolors Bassa muestra que la Ley de Renta Garantizada del País Vasco, que tomaron como referencia para hacer la propia en Catalunya, es anulada por el Tribunal Constitucional porque la considera parte de la ruta de la generación de estructura de Estado, da un ejemplo revelador de lo que se ha hecho con esa tierra desde hace décadas.
Estas muestras, entre otras muchas que nos ha dejado una semana de juicio, la multitud de derechos fundamentales y procesales conculcados, la grosera criminalización de la protesta por parte de la Fiscalía y el insultante desapego de las acusaciones por los más mínimos derechos democráticos que se trasluce en cada una de las preguntas que formulan, hace que nos encontremos ante un escenario opuesto al que se pensaban quienes judicializaron este conflicto político: este se trata de un juicio a la democracia española y a sus instituciones y van perdiendo por goleada.
La autora es profesora contratada Doctora de Derecho Penal en la Univesidad Pública de Navarra
