A comienzos del mes de julio conocimos el II Informe sobre la vivienda en Navarra realizado por el Observatorio de la realidad social. En dicho informe se nos presentaban una vez más los problemas crónicos asociados a la economía del ladrillo en Navarra.

A nuestro entender es importante revisar los datos atendiendo también las especificidades de aquellos colectivos que por su situación de vulnerabilidad sufren en su día a día de manera más intensa los efectos de la política de vivienda. Hablamos de las personas migrantes, mujeres solas, mujeres solas con menores, personas ancianas y jóvenes.

Todos aquellos aspectos que desde el Observatorio se identifican como problemas asociados a la vivienda, se multiplican en intensidad en el caso de estos colectivos, generando situaciones desagradables con las que tenemos que convivir todas las organizaciones sociales que trabajamos los problemas asociados al acceso a la vivienda en Navarra. En definitiva, el problema sigue siendo ese, el acceso. No podemos únicamente dar por buenos los indicadores generales a nivel económico en el ámbito de Navarra sin tener en cuenta otros que son alarmantes. Según los datos de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un 4,1% de la población de Navarra vive en situación de pobreza severa y un 13,5% de la población navarra, unas 86.500 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Estos datos avalan lo que desde sindicatos y organizaciones sociales se ha venido denunciando, la crisis ha sido un verdadero rodillo que ha pasado por encima de las clases populares, generando nuevas situaciones de vulnerabilidad incluso en colectivos que antes de la crisis escapaban a la exclusión.

No podemos ni debemos situar el horizonte en los datos previos a la crisis, ya que el empobrecimiento colectivo que hemos sufrido como sociedad y la nueva situación no es comparable a la anterior y hacerlo sería un error. No podemos olvidar la obligación de las instituciones públicas en garantizar el acceso a una vivienda, pero en nuestra opinión dicho acceso no puede ni debe basarse en garantizar la compra venta de vivienda nueva o de segunda mano libre o de VPO, sino que la apuesta pública debe basarse en la consolidación de un parque público de vivienda de alquiler social con el que poder garantizar no solo el acceso a una vivienda para aquellas personas que lo requieran, sino también el poder actuar de manera eficaz ante situaciones de emergencia tanto puntuales como estructurales, garantizando con ello el acceso a una vivienda de manera prioritaria a todos los colectivos sociales anteriormente descritos.

Sin minusvalorar, ni mucho menos, el gran trabajo que se realizó en materia de vivienda por el anterior gobierno y todos los avances existentes, creemos que es momento de apostar colectivamente por hacer girar el modelo hacia uno mucho más cercano a resolver las necesidades de las personas y alejado totalmente del pelotazo y de la especulación, fomentando para ello políticas públicas que apuesten decididamente por el alquiler social público.

Fundación Gizakia Herritar - Paris 365