El derecho a la reparación

10.02.2020 | 09:12

La frase apareció publicada en 1928 en Printer's Ink, revista del sector publicitario norteamericano: "Un artículo que no se desgaste es una tragedia para los negocios". ¿Para qué vender menos si diseñando los productos con fallo incorporado vendes más?

La historia de una idea que cobró fuerza como salvación dinamizadora en los años de la Gran Depresión se convirtió en mantra de la sociedad de consumo -comprar, usar, tirar, volver a comprar- y se ha transformado en seria amenaza medioambiental.

El pasado martes 8 de octubre, la Comisión Europea anunció la adopción de nuevas normas encaminadas a favorecer el alargamiento de la vida útil de los electrodomésticos, su menor impacto ambiental y el ahorro económico para la ciudadanía. Para alcanzar ese triple objetivo pondrá en marcha una batería de nuevas obligaciones para los fabricantes: las piezas de recambio de las neveras deberán estar disponibles un mínimo de siete años después de que el consumidor compre el aparato y 10 años en el caso de lavadoras y lavavajillas, que además deberán utilizar menos agua.

La propuesta, que entrará en vigor en 2021, trata de evitar que los usuarios acaben tirando a la basura productos susceptibles de seguir funcionando por la ausencia de repuestos o herramientas para arreglarlos. La secuencia es familiar en muchos hogares: una vez se produce el deterioro y el cliente busca una solución, se topa con que el componente ya no existe en el mercado, lo que le empuja a tirar el aparato y adquirir uno nuevo.

La Comisión quiere romper ese círculo vicioso y garantizar el derecho a la reparación para terminar con esa forma de obsolescencia programada que genera más desechos, causa impacto climático por los gases emitidos en la fabricación de las nuevas máquinas y provoca gastos suplementarios a usuarios al obligarles a acudir a la tienda para renovar artículos que solo necesitarían un ajuste para continuar su actividad.

Hoy en día, la obsolescencia programada está presente en todos los aparatos electrónicos que compramos. En el Estado español, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluye, dentro de las obligaciones para los fabricantes, que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil, pero no penaliza la obsolescencia programada. Los fabricantes aseguran que cumplen esa norma y creen que la renovación de aparatos también se produce, además de porque dejan de funcionar, porque no cumplen sus expectativas, no se ajustan a nuevas tecnologías o prefieren un nuevo modelo.

Con los nuevos requisitos para lavadoras y lavavajillas la CE calcula que se dejarán de gastar 711 millones de metros cúbicos de agua al año en el primer caso y 16 millones en el segundo. Además, plantea nuevas exigencias de durabilidad para los aparatos de iluminación. En total, la CE espera un ahorro de 150 euros al año de media por ciudadano o ciudadana y evitar la emisión de 46 millones de toneladas de dióxido de carbono en poco más de una década.

Según una encuesta del Eurobarómetro en 2017, un 77% de la ciudadanía de la UE preferiría reparar sus bienes antes que comprar otros nuevos, pero en última instancia los reemplazan o se deshacen de ellos ante las dificultades para subsanar las averías. Y más del 90% estima que los productos deben estar claramente etiquetados para indicar su durabilidad.

Los móviles, las tabletas, los ordenadores o las consolas no estarán incluidos en la normativa europea por ahora, pese a que distintas organizaciones de consumidores han reclamado una normativa que garantice la perdurabilidad de estos productos, que se asegure la reparación de los mismos, y que se evite, así, el problema que los residuos tecnológicos generan.

Así, por ejemplo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su campaña Larga vida a lo que compro, considera habituales las reclamaciones por móviles de alta gama que se quedan obsoletos en un par de años, o por aparatos y componentes de los mismos que dejan de funcionar tras poco tiempo de uso y no se pueden reparar.

El derecho a reparar se ha convertido en una amplia reclamación en Estados Unidos, donde 20 estados lo han regulado. Sus promotores argumentan que la solución de averías sería más barata y rápida, que habría más talleres tecnológicos disponibles para los usuarios, que se reducirían los residuos y que se favorecería la innovación.

Actualmente el 80% de los impactos ambientales de cualquier producto se pueden evitar en la fase de diseño. El problema es que se diseñan productos con fallos o con muy poca durabilidad para que el consumidor vuelva a cambiar de artículo y pagar por otro. Por tanto, una primera exigencia debería ser que el producto sea diseñado de forma que no haya piezas de calidad deficientes que haga que se deterioren prematuramente, que sean demasiado frágiles para el uso normal del dispositivo o que tenga un ensamblado con materiales que impidan su apertura para la reparación.

En segundo lugar, que reparar el producto o sustituir los consumibles o baterías sea posible y tenga un coste notablemente inferior al de comprar un producto nuevo.

En tercer lugar, que los fabricantes informen claramente de la vida media prevista del producto, las posibilidades de reparación o cómo se debe proceder para el correcto reciclaje.

Uno de los retos de la economía circular, en la que está sumergida Navarra -la Agenda para el desarrollo de la Economía Circular fue aprobada mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 de abril de 2019-, es alargar la vida útil de los productos. El modelo actual basado en producir-consumir-tirar no es sostenible más tiempo. Es por ello que se hace necesario transformar la forma actual de producir.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente