Emergencia climática

21.05.2020 | 01:30

Los estudios realizados hasta la fecha señalan a la Península Ibérica como una de las zonas de Europa más afectadas, si no la que más, por el cambio climático. Después de varias tentativas, el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética española se aprobó por el Consejo de Ministros el martes 19 de mayo –se vio paralizado por la convocatoria anticipada de elecciones en 2019–, con el que se pretende que sirva como hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, de lucha contra la emergencia climática: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararse para los efectos ya inevitables de la alteración del clima.

"La obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo", introduce la ley, que recorre casi todas las actividades que acomete la sociedad. Porque lo que ha quedado claro es que la contención del calentamiento global de la Tierra, que deriva en el cambio climático y sus efectos –sequías, proliferación de temporales costeros, tormentas de virulencia creciente, inundaciones, olas de calor– pasa por recortar la cantidad de gases de efecto invernadero que la actividad humana lanza a la atmósfera.

El proyecto recoge que, "a más tardar" en 2050, el Estado español deberá alcanzar la neutralidad climática. Para conseguir que las emisiones de CO2 supongan el mismo volumen que lo que puede absorberse en sumideros como los bosques, la primera necesidad es reconvertir la manera en la que se obtiene la energía de la que depende casi todo. El texto de la futura ley, que ahora iniciará su trámite parlamentario, establece que el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes renovables a mitad de siglo, en 2050.

Los planes son que en 2030 haya en el consumo de energía final al menos un 35% de renovables; un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35% con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria.

Otra de las principales fuentes de emisiones de gases es el transporte: los coches, los camiones, los aviones o los barcos que se mueven a base de combustibles fósiles como la gasolina o el gasóleo. Para 2050 los turismos y vehículos que se muevan en el Estado español no podrán emitir gases de efecto invernadero. Para llegar ahí, la ley prevé que a partir de 2040 los automóviles nuevos que salgan al mercado sean de cero emisiones.

Como colofón, el texto obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes para que la movilidad urbana también rebaje las emisiones. Tendrán que facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta y mejorar el transporte público. También estarán obligados a desarrollar zonas de bajas emisiones donde se apliquen "restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones". Sin duda, se trata de una buena noticia que por fin se ponga en marcha para hacer frente a la crisis climática, y más en los momentos en que vivimos, con la actual pandemia del covid-19, que pone de manifiesto hasta qué punto es necesario actuar preventivamente contra riesgos globales graves. Ahora bien, los objetivos siguen siendo insuficientes y se sigue dando la espalda a las recomendaciones científicas que afirman que esta próxima década es decisiva para no superar el aumento de 1,5°C la temperatura global y evitar así los peores impactos del cambio climático. En 2030 se debería reducir las emisiones al menos un 55% respecto a 1990 y alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable.

Como muestra de lo que digo está la posición de Naciones Unidas, que plantea que, a nivel mundial, habría que reducir al menos un 7,6% anualmente las emisiones entre 2020 y 2030, mientras que el proyecto de Ley de Cambio Climático del Gobierno español, con un objetivo del 23% en el 2030, supone una reducción de poco más del 3% anual.

En el caso de Navarra, el Gobierno Foral aprobó la Hoja de Ruta de Cambio Climático HCCN-KLINA el 24 de enero de 2018. Uno de sus objetivos principales es conseguir para el año 2050 una reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las del 2005, y muchas de sus medidas tienen un paso intermedio para 2030.

Durante este tiempo, tanto el Gobierno como el Parlamento de Navarra han aprobado sendas declaraciones de emergencia climática –en septiembre de 2019–, en las que se insta a "alcanzar los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios que permitan garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y a ser posible antes de 2035". Es decir, se plantean objetivos aún más ambiciosos que en la Hoja de Ruta de Cambio Climático, en consonancia con los objetivos de la Red Under2Mou, en la que participa nuestra comunidad con otras 187 regiones comprometidas con la lucha contra el cambio climático.

Sin duda, es importante priorizar la reducción de emisiones en ámbitos en los que el Gobierno de Navarra tiene competencias y capacidad de intervención, sin perder competitividad, como el transporte de viajeros, sector residencial y servicios, generación eléctrica distribuida, agricultura, etcétera, para avanzar en objetivos ambiciosos de mitigación. En este sentido, se necesita un modelo de fiscalidad ambiental que penalice actividades y conductas, de acuerdo al principio de "quien contamina, paga".

Un reto importante es la aprobación de la Ley foral de Cambio Climático y transición de modelo energético, que está contemplada en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra. La citada ley puede contribuir a favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de invernadero, y ser coherentes con las declaraciones de emergencia climáticas aprobadas.

Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente