a Justicia ni ha estado ni está a la altura de lo que merece nuestro país. Resulta desgarrador que lo suscribamos los abogados, que no solo somos colaboradores de la Justicia, sino parte imprescindible de un engranaje necesario para que pueda administrarse adecuadamente y que hemos prestado servicio en la crisis, en materia laboral, penal, administrativa, fiscal, de familia o al lado de las víctimas de violencia. Al igual lo han hecho los Colegios, tramitando solicitudes, ideando la forma de continuar con su formación y con su compromiso y con un turno de oficio que ha seguido funcionado todos los días, las 24 horas.
Desde la primera declaración del estado de alarma ha parecido que la mayor y, quizás, única preocupación de la Administración de la Justicia ha sido su cierre, gráficamente manifestado en la suspensión e interrupción de los plazos procesales. Y, sin plazos, no hay avance de ningún procedimiento judicial, sino un poder del Estado en cuarentena.
Cuando las fases de la desescalada permiten el acercamiento social y se puede acudir con la correspondiente protección al trabajo, comercios o terrazas, sigue sin ser posible celebrar juicios a los que, en muchas ocasiones, únicamente asisten los abogados de las partes y el juez, todos ellos situados en unos estrados en los que, en general, puede mantenerse una distancia de dos metros.
Son factibles, también en la Justicia, las pantallas de metacrilato, las mascarillas, el uso de desinfectante, el hidrogel, todo aquello que ha terminado asumiendo con normalidad y disciplina el ciudadano y que le permite pasear, hacer deporte, trabajar y relacionarse. ¿Por qué la Justicia es diferente?
También son posibles, aunque subsidiarias, las videoconferencias, que no pueden reemplazar a la presencia física, ya que están expuestas a interrupciones, caídas de red, vacíos de voz o de imagen e interferencias técnicas, lo que en un juicio puede producir situaciones indeseadas e incluso indefensión.
Ha sido viable, asimismo, el teletrabajo, sobre todo con herramientas técnicas avanzadas, como la que existe en Navarra.
Es posible y es necesario que este poder del Estado funcione. Sería deseable que su funcionamiento fuera, además, ejemplar. Está en juego nada menos que la tutela judicial efectiva de nuestros conciudadanos. El próximo día 4 de junio se alzan los plazos procesales. Los procedimientos judiciales pueden y deben avanzar al ritmo legalmente establecido y la abogacía está preparada para ello.
Esta fecha ha de suponer un punto de inflexión para poner en marcha lo que nunca debió pararse. Estamos, todos, obligados a recuperar el tiempo perdido para que la ciudadanía sienta protegidos sus derechos e intereses y confíe en que el servicio público encargado de su tutela vuelve a funcionar.
A todos nos va a suponer un esfuerzo y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias, al igual que lo está haciendo el conjunto de la ciudadanía en sus actividades laborales, empresariales y profesionales, con no pocos sacrificios. Los servicios públicos ni pueden ni deben ser una excepción y mucho menos puede serlo la Justicia.
Por la abogacía no va a quedar.
Firman este artículo: Blanca Ramos Aranaz, Luis Miguel Arribas Cerdán, Bernardo Lacarra Albizu, Luis Goñi Jiménez, Alfredo Irujo Andueza y Javier Caballero Martínez Abogados, decanos y consejeros del Consejo General de la Abogacía Española
