l pasado 1 de septiembre de 2021 CCOO hizo público su análisis sobre la siniestralidad en Navarra y, cual sagrado grial, repite el mantra de la responsabilidad del anterior Gobierno en su aumento actual. Se basan en una supuesta, pero falsa, reducción de los recursos para prevención de riesgos laborales (PRL) realizada por el anterior Gobierno. Digo que falsa porque, como bien sabe la dirección de CCOO, la plantilla del Servicio de Salud Laboral en la anterior legislatura se incrementó en dos técnicos superiores, ocho técnicos en prevención de riesgos profesionales, 1 médico epidemiólogo y un administrativo. Dichas plazas han sido consolidadas y su coste viene a suponer 350.000 euros anuales. El presupuesto para el plan de acción de salud laboral 2017-2020 se incrementó en un 60% ente 2016 y 2019, situándose en 160.000 euros. Las ayudas para mejora de equipos y lugares de trabajo del Departamento de Desarrollo Económico han permanecido estable desde el 2016 (250.000 euros). Se habilitó una nueva línea de 100.000 euros, hoy 120.000 para la elaboración y desarrollo del Plan Director de eliminación de amianto de Navarra, primero en el Estado. Todas estas cantidades no existían anteriormente. Bien es cierto que desde el segundo año del anterior ejecutivo el Servicio de Salud Laboral eliminó una partida de financiación de estudios y trabajos de PRL de 100.000 euros por considerar que la calidad técnica de los trabajos presentados en los años anteriores no justificaba dicha partida, y así mismo se redujeron las históricas dos jefaturas de dicho Servicio a una sola en aras a aumentar la eficiencia de los recursos públicos. El departamento de Desarrollo Económico mantuvo partidas (casi 1 millón de euros) dirigido a sindicatos y organizaciones empresariales para estudios de PRL sin establecer criterios de valoración de calidad objetivos a mi entender.
Hablemos de lo importante. Hay tres factores principales que explican el aumento de la siniestralidad a partir de 2012 en el Estado y en Navarra. El primero es la naturaleza ciclo dependiente del sistema preventivo español; el segundo, que las empresas optan de forma generalizada por externalizar la gestión preventiva en servicios de prevención ajenos, de naturaleza mercantil y hoy en manos de fondos de inversión y aseguradoras; y el tercero, las reformas laborales de 2010 y 2012 que favorecen el despido y debilitan el poder contractual de las organizaciones sindicales. La naturaleza ciclo dependiente significa que cuando el ciclo económico está en fase expansiva la siniestralidad aumenta y cuando se enfría la siniestralidad disminuye. Esto no pasa en todos los países y viene a decir, a indicar, que el sistema preventivo es escasamente eficaz. Pero cuidado, el sistema preventivo no solo son los servicios de prevención. En primer lugar, es el empresariado y las administraciones centrales y autonómicas laborales y sanitarias, y la Seguridad Social, y la Inspección de Trabajo, y las mutuas empresariales, y los sindicatos... Un sistema débil en un mercado de trabajo precarizado, con altas tasas de temporalidad..
¿Por qué en Navarra crecen a partir de 2013 algo más los índices? Quizás tenga que ver con que su actividad económica tras la crisis 2008-2012 se sitúa entre las primeras del Estado, con que el peso de la industria -de mayor riesgo- es mucho mayor que en el Estado, con que el porcentaje del trabajo autónomo -con menor riesgo de accidentarse- en el tejido laboral navarro es menor que en el Estado, etcétera.
Nada de lo anterior se cita en el análisis de la dirección de CCOO de Navarra.
Inició CCOO la anterior legislatura asignando el aumento de siniestralidad a la no financiación por parte del pasado Gobierno de Navarra de la figura que llamaban delegado territorial de prevención habilitada hacia el año 2002. Entre CCOO, UGT y CEN venían a repartirse en aquel momento millón doscientos mil euros anuales para asesorar a las empresas en materia preventiva, yendo de la mano el delegado de la CEN y uno de UGT o de CCOO. Solo acudían a las empresas que contaban con el permiso del empresario/a concernido. Por lógica, entre ello no estarían los mayores incumplidores de la normativa.
Sorprende que para realizar acción sindical en defensa de los derechos de las y los trabajadores se deba hacer solamente allí donde dé permiso el empresario/a y se asesore de la mano de una organización corporativa empresarial como es la CEN.
Tanto UGT como CCOO reivindican ahora dicha figura a nivel estatal, pero lo hacen exigiendo competencias reconocidas por ley para empresas en las que no haya representación sindical, con derechos, y exclusivamente para las organizaciones sindicales. Nada que ver con la figura existente en Navarra.
El último año del anterior Gobierno el Departamento de Desarrollo Económico financió nuevamente dicha figura y el actual Gobierno lo ha vuelto a hacer bajo el amparo del Plan de empleo. Se vendía que la reclamada recuperación de esta figura por CCOO, UGT, CEN, UPN y PSN supondría la mágica solución al incremento de los índices de accidentes de trabajo en Navarra. Tres años después de resucitar dicha figura no parece ser así.
Produce desazón ver cómo CCOO se ha convertido en el sustento ideológico de la derecha política navarra en materia de siniestralidad laboral y observar cómo su discurso distrae a la sociedad respecto a las verdaderas causas de ésta. Seguramente para no incomodar a sus compañeros de mesa y mantel de la CEN y para velar su política clientelar usada como ariete contra el anterior Gobierno.
El autor es jefe del Servicio de Salud Laboral en el anterior Gobierno de Navarra
