a primicia de que la Iglesia reconozca el hecho de que un uno por ciento de lo inmatriculado no lo es conforme a derecho y, por tanto, esté dispuesta a reconocer un error en el procedimiento seguido, que con tanto entusiasmo ha sido recibida por una parte del Gobierno de España, no deja de ser una ironía con cierta retranca. La de un reconocimiento, por inversión de contenidos, de los privilegios con los que contaba para el mantenimiento tradicional de su estructura bajo las impositivas figuras del diezmo y la primicia, así como la legitimación de los nuevos asumidos gracias a la concordia que hacia la misma manifiesta la gestión de un poder de presunta condición laical.

Es decir, que si la Iglesia, tal y como recoge José Luis Sales Tirapu (exdirector del Archivo Diocesano de Pamplona entre 1974-2012), estimaba la "contribución del pueblo cristiano para su mantenimiento", por una parte, en una décima parte de los frutos agro-pecuarios, y de la otra, por añadidura, en el generalizado arrendamiento trienal de la primicia de dichos frutos en el momento actual es la Iglesia también, con toda su falsa modestia, la que da la sensación de haber decidido hacerlo con lo manifiestamente esquilmado a la sociedad en centésima proporción. Y aún de ahí descontando lo ya vendido. Toda una paradoja que bien merecería un estudio en profundidad.

En todo caso, a la Iglesia parece dársele muy bien aquello de diezmar las arcas de todo aquél que se cruza en su camino, bajo la espuria promesa de otorgar una participación en la Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén agustiniana, si no quieres ser deportado directamente al antro infernal. Ahora bien, a la pléyade de doctores de la misma parece escapárseles la lúcida observación que el historiador George Minois hiciera, en su Breve Historia del Diablo, de que éste último sea un ser de la razón. "Lejos de ser una criatura irracional, es resultado de los esfuerzos de la mente humana para encontrar una explicación lógica al problema del mal". Cuestión que ha coadyuvado a que algunos de sus miembros confundan el campo de actuación, al albur de los continuos escándalos dentro de la misma, apostando por todos y cada uno de los pecados capitales que dice combatir. Y en ese humano demasiado humano de su actuación ha optado por priorizar, aunque no siempre hubiera sido así, la exclusividad patrimonial sobre todo tipo de propiedad cuyo origen se halla perdido de la memoria de los vivos, y aún de los que nos dejaran, con la justificación de ser ab ovo (tal y como tuvieron a bien percibir los miembros del Ateneo Basilio Lacort en este mismo medio el 6 de febrero pasado).

Desde ese horaciano origen remoto, al que en todo contencioso hace referencia la Iglesia respecto de la propiedad y de su pertenencia en materia de templos y lugares de culto, un estudio como el realizado en su día por José Manuel Nieto Soria e Iluminado Sanz Sancho (La época medieval: iglesia y cultura, Istmo, 2002), constata el hecho de que: "Para erigir canónicamente una iglesia, la tradición exigía una dotación económica suficiente para mantener el clero y a la fábrica de la iglesia". Ahora bien, continúa: "Pero las iglesias aún no se consideraban una persona jurídica. Los titulares de los derechos y bienes de cada iglesia y quienes reciben las donaciones son Dios, la Virgen o los santos de la advocación de cada templo, y también a veces el clérigo, el abad o la comunidad que lo habita. La iglesia es una sola cosa, destinada con todos sus complementos a un fin determinado, el culto y la atención espiritual de sus fieles. Los propietarios pueden ser varios, cada uno con su derecho o porción alícuota, pero la iglesia sigue siendo un bien pro indiviso. [...] Los bienes de esta iglesia, pues, pierden su carácter laico anterior para adquirir un carácter sagrado, que, además, se concibe como ius de la iglesia". Y es ejerciendo la vicaría de todos ellos (de Dios, de la Virgen y de todos los santos), que el obispo habrá de disponer de los mismos mayormente en nuestra geografía navarra, en lo que de ordinario le corresponde, al decir del subprior de la Colegiata de Roncesvalles, Juan Huarte, en pleito con aquél.

El contexto histórico de tales afirmaciones sobre el fundamento de las bases económicas de la Iglesia recogidas en dicho estudio es el referido al Concilio de Coyanza, celebrado el año de 1055, estando mediado por luchas externas contra Almanzor y peleas internas por la consecución del trono de Castilla y León. Es decir, que aquí lo que realmente cuenta, tanto en el ayer como en el presente, son los intereses humanos bajo la perspectiva de una realidad imaginada, de una creencia sobrenatural, en cuyo dominio, eso sí, se encuentra todo fenómeno terrestre y aun yendo más lejos de lo natural.

Todo un argumentario que al parecer sirve de guía a las mesetarias sentencias de la administración de justicia, Garísoain, Uharte, Sangüesa, Otsagabia, Uxue, etcétera, en nuestro caso viniendo a ser fruto, mayoritariamente, del peritaje realizado por el insigne historiador cuya tesis doctoral trató sobre Leire, un señorío monástico en Navarra entre los siglos IX y XIX, Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, habiendo sido dirigida por el maestro de historiadores de esa escuela local creada en el seno de la opusdeísta Universidad de Navarra, Ángel J. Martín Duque (al que, por otra parte, tanto he admirado).

Perdida, por tanto, toda fe en la justicia divina, ganada para la jerarquía eclesiástica por humanos tribunales, me considero ya mero observador del avatar futuro en que estas cuestiones puedan derivar. Y en este sentido, considero, es deber de las instituciones que nos representan al menos garantizar el marco legal mínimo necesario para la protección de los bienes patrimoniales creados por el esfuerzo colectivo de las comunidades afectadas, antes de su más que posible progresiva liquidación. Ejemplos en este sentido no faltan, especialmente en el vecino valle de Esteribar, donde directamente se han liquidado templos pasando a manos privadas (cuyos nuevos propietarios, habremos de reconocer, no dejan de ser víctimas de un fuego cruzado), como el compartido a medio camino entre los concejos de Ilarratz y Eskiroz.

El autor es miembro del Biltzar de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma

A la Iglesia parece dársele muy bien aquello de diezmar las arcas de todo aquél que se cruza en su camino, bajo la espuria promesa de otorgar una participación en la Ciudad de Dios