Sí, ya sé que contestó a nuestro senador Koldo Martínez, que “con la creación de este gravamen a los beneficios extraordinarios tanto de las energéticas como de las entidades financieras, evidentemente, el Gobierno de España va a respetar, como no puede ser de otra manera, la Constitución y el reparto competencial”.

Ya lo sé y ya lo sabía también cuando el pasado jueves presentamos desde Geroa Bai una moción en el Parlamento de Navarra que solicitaba expresamente que “el Gobierno de Navarra exija al Gobierno estatal a cumplir lo estipulado en la Ley 28/1990 del Convenio Económico, de forma que los nuevos impuestos que se creen –en este caso esos impuestos a la banca y a las empresas energéticas– sean incluidos en ese marco y puedan ser gestionados desde la Comunidad Foral”.

Pero mantuvimos la moción porque entendíamos que una cuestión tan trascendental como esa, que afectaba al “fuero y al huevo”, requería de un posicionamiento claro, contundente, rotundo por parte de la institución que representa la soberanía de nuestra comunidad. Y así fue, porque fue aprobada por unanimidad.

Y más allá de que la solicitud le llegue por los cauces preceptivos establecidos al respecto, tampoco está de más hacerlo a través de los medios de comunicación.

Fue usted mismo quien allá por julio anunciaba la aprobación de sendos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas, con el objetivo de recaudar en torno a 7.000 millones de euros en dos años.

Loable propuesta. Completamente plausible.

Ya que compartimos plenamente la necesidad de esos nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas, porque en estos tiempos de crisis que estamos viviendo esas empresas deben involucrarse socialmente con parte de los enormes y crecientes beneficios que están obteniendo. Hay que repartir las cargas. No es aceptable que la mayor parte de la ciudadanía pague la emergencia energética y la subida de tipos de interés con el afán de frenar la galopante inflación, y esas compañías permanezcan al margen.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó que los cinco grupos del sector financiero que forman parte del IBEX-35 lograron casi 20.000 millones de beneficios en 2021. Y la consultora Morgan Stanley, con anterioridad al anuncio de subida de tipos del Banco Central Europeo, calculaba en 26.000 millones los beneficios que obtendrían el próximo año. La misma CNMV señalaba que los cuatro grandes grupos del sector energético lograron 9.000 millones de beneficios el año pasado.

Su propuesta, señor Sánchez, se concretó en la proposición de ley que denominaron “para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y de entidades financieras de crédito” presentada por los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Unidas Podemos.

Y compartimos, ¿cómo no? el desarrollo de la exposición de motivos que ha suscitado la proposición de ley en cuestión.

Compartimos la mención de que no pueden ser obviados por los poderes públicos los problemas específicos que se han venido acentuando en los últimos tiempos como el incremento en el precio de determinados bienes y servicios básicos y que genera enormes dificultades en nuestras economías domésticas y sectores económicos, poniendo en peligro, incluso, en determinados ciudadanos especialmente vulnerables una mínima capacidad de vida en una sociedad avanzada como la nuestra.

Compartimos esa demanda de un “pacto de rentas” –lo ha reclamado nuestro compañero Koldo Martínez en numerosas ocasiones en el Senado– en cuanto que instrumento para luchar contra los efectos perniciosos de la crisis energética y del alza de precios.

Compartimos el desarrollo del expositivo, pero no, de ninguna manera, la conclusión a la que se llega con el mismo, pues por arte de birlibirloque los impuestos que usted anunció se convierten en “prestaciones patrimoniales públicas no tributarias”. Regate jacobino para obviar el Convenio Económico. Porque eso es lo que hace. Indecorosa finta que permite al Estado gestionarlos directamente sin necesidad de conveniarlos con el Gobierno de Navarra a través del Convenio Económico, como ocurre con todos los impuestos de nueva creación. ¿Por qué ese juego perverso de llamar a los impuestos prestaciones?

En Geroa Bai, desde luego, y coincidiendo con usted, con la acepción que dijo en un principio, pensamos que se trataría, en todo caso, de impuestos. A convenir, por tanto.

Los constitucionalistas pretendiendo saltarse a la torera la Disposición Adicional Primera de la Constitución que reza que “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”.

Saltándose a la torera el artículo 45 de la LORAFNA que dice, en su punto número uno, que “En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tradicional del Convenio Económico”.

Y saltándose a la torera el propio Convenio, que, en su artículo 6, apunta: “Cualquier modificación de este Convenio Económico deberá ajustarse al mismo procedimiento seguido para su elaboración y aprobación. El mismo procedimiento deberá seguirse para armonizar el régimen tributario de Navarra con los nuevos tributos que el Estado pueda establecer en el futuro”.

Señor Sánchez, leo en la prensa, que su gobierno “acelera la tramitación del impuesto a la banca y a las energéticas, aprovechando su partido, su cupo en el Congreso para llevar la iniciativa al primer pleno del curso”.

Esperamos que teniendo en cuenta su propia palabra, en el Senado ante Koldo Martínez, y la decisión unánime del Parlamento de Navarra de que la propuesta sea modificada para cumplir lo estipulado en la Ley 28/1990 del Convenio Económico.

De lo contrario, tendrá a esta comunidad en frente.

El autor es parlamentario de Geroa Bai