El envejecimiento de la población, la introducción de la mujer en el entorno laboral y un nuevo paradigma social con nuevos modelos de familia han puesto el debate sobre los cuidados en el centro de la esfera pública. De momento, el Gobierno de Navarra y su Departamento de Derechos Sociales quedan lejos del aprobado.
El bloqueo y la cronificación de los problemas que afectan a la gestión de los servicios y del personal en este ámbito preocupan a CCOO, un sindicato que apuesta de manera nítida por romper con la gestión tradicional de los cuidados –que todavía perpetúa los roles de género y dificulta la igualdad real en el empleo entre hombres y mujeres- y afrontar desde lo público un reto que debe ser abordado cuanto antes.
El Ejecutivo foral sigue sin resolver de manera seria la mejora de sus servicios sociales. En una de las pocas residencias públicas para personas mayores de Navarra se están viviendo situaciones rocambolescas de abuso de poder y dejación de funciones por parte de las direcciones nombradas a dedo.
La residencia de El Vergel es el ejemplo de cómo no afrontar desde lo público el reto de los cuidados. La riada de 2021 obligó a evacuar a 151 residentes. Aunque un año después estas personas dependientes pudieron volver a su residencia, el centro de día que se ocupa de atender las necesidades de personas con distintos grados de dependencia todavía no ha retomado su actividad.
Desde CCOO hemos llamado a la puerta de la consejería de Derechos Sociales de todas las maneras para reunirnos con las personas responsables e intentar reconducir la situación del centro de día público. El pasado 22 de diciembre se nos comunicó la propuesta del Gobierno de Navarra: el centro de día de El Vergel, al menos de momento, no se abre.
Asumir las políticas de cuidados como un tema menor desde las instituciones acaba derivando, además, en la precariedad laboral de las personas que desempeñan estos trabajos. En el centro San José, único centro de atención integral a la discapacidad público en Navarra, las agresiones a las personas trabajadoras son una constante. El modo en el que se desempeña la dirección del centro, además, no es del agrado de la plantilla.
La sección de familias y menores está infradotada de recursos. A nadie nos gustaría que nos atendieran con un problema personal severo en un cubículo pequeño con falta de intimidad por la mala o nula insonorización. Además, quienes trabajan en la sección sufren una desprotección que en ocasiones pone en riesgo su propia integridad física.
Desde la transferencia de las escuelas infantiles al Departamento de Educación se demoran las sustituciones del personal, generando sobrecargas en el trabajo de las compañeras. Las ratios siguen siendo elevadísimas y esto afecta a toda la comunidad: las niñas y niños no reciben la educación ni la atención que necesitan y las personas trabajadoras sufren sobrecarga de trabajo. El personal de apoyo para estas aulas es una buena medida pero a día de hoy es un recurso que se utiliza de manera casi anecdótica.
Desde CCOO tenemos la certidumbre de que la igualdad real sólo llegará por medio de una gestión pública, generosa y consecuente de los cuidados. La sociedad no puede olvidarse ni dejar en un segundo plano a las personas mayores, ni a las más jóvenes, ni tampoco a aquellas que requieran un cuidado más específico.
Con los recursos limitados, es inconcebible que se aumenten los puestos en jefaturas. Los recursos, económicos y materiales, deben destinarse en primera instancia a quienes, atendiendo a la ciudadanía a diario, defienden cada día los servicios públicos.
Desde la experiencia sindical, tenemos claro que la subcontratación de empresas privadas por parte de organismos públicos sólo sirve para el lucro privado de unos pocos particulares a cambio de unas condiciones laborales precarias y de un servicio debilitado para los usuarios. El Gobierno de Navarra, que desvía cada vez más dinero a entidades privadas en esta práctica, debe reconsiderar la calidad de sus servicios públicos.
Si la gestión de la propiedad privada genera desigualdades cada vez más latentes, es momento de responder a la ofensiva privatizadora con más derechos para la ciudadanía. Son estos servicios (educación, sanidad, servicios sociales, emergencias) los que dotan de sentido a un proyecto en común entre el conjunto de las ciudadanas y los ciudadanos. Los discursos ultraliberales encuentran en el debilitamiento de los recursos públicos su mejor aliado para proponer aún más recortes y menos derechos para los de abajo. En definitiva, con el debilitamiento de los recursos públicos nos adentramos más a un mundo más individualista, más injusto y menos civilizado. El Gobierno de Navarra, que se autodefine de izquierdas, debiera tenerlo claro.
*La autora es trabajadora de El Vergel y delegada de CCOO
