Los años previos a la pandemia, entre 2017 y 2020, vivimos en España una llegada muy importante de menores adolescentes no acompañados por sus familias, procedentes fundamentalmente de Marruecos, y en menor medidas de Argelia y otros países africanos.

Con muchas dificultades, y desde luego con un grado de responsabilidad y solidaridad muy diferente entre las diferentes comunidades autónomas, se fueron poniendo en marcha recursos para poder acogerles, en gran parte como consecuencia de una legislación más garantista que obliga a las CCAA a hacerse cargo de los menores sin familia o tutor al cargo.

Llegó la pandemia y hubo un parón casi total en la llegada de nueva migración, hasta que se fueron eliminando las restricciones de movilidad en todos los países del mundo tras su superación.

En ese contexto y tras la pandemia, en casi todas las ciudades de España, (en cifras confusas pues no se conocen estudios oficiales todavía), estamos viviendo un nuevo fenómeno de sin-hogarismo, muy diferente del perfil más tradicional de personas sin hogar y transeúntes. Jóvenes de edades variadas pero mayores de edad, sobre todo chicos, procedentes de esos mismos países, sin apoyo familiar o de amistades que les proporcionen una primera acogida por precaria que sea.

Se trata de una cifra pequeña en términos relativos, pero muy importante en cuanto a las posibilidades de los servicios públicos para ofrecer una adecuada atención.

Pongamos el ejemplo de Navarra. Si en 2022 hubo un saldo migratorio favorable de 9.000 personas, la inmensa mayoría de esas personas son acogidas por familias o amistades en sus viviendas, o disponían de recursos suficientes para poder lograr un alojamiento por precario que sea. Sin embargo, y como novedad, una pequeña minoría, en torno a los 200 jóvenes y unas decenas de familias, llegan sin ese apoyo ni recursos y acaban en situación de calle.

Para dimensionar el impacto en los servicios públicos, téngase en cuenta que Pamplona antes de esta nueva realidad, con un albergue de 50 plazas, ampliable a 58 en invierno y algunos vales para pensiones, conseguía atender la urgencia habitacional a una parte muy importante de las personas sin hogar y de personas itinerantes en la ciudad. Sin embargo, en los últimos dos años, y a pesar de que hemos pasado de un albergue de 58 plazas a dos con un total de 112, más vales de pensiones de entre 35 y 60 plazas, la realidad es que hemos podido atender en un 60% de los días de los últimos dos meses a toda la demanda, pero el resto de días no. En ese sentido, el goteo de nuevas llegadas vuelve a sobrepasar la capacidad de los recursos disponibles, haciendo inviable atender a toda la demanda más allá de los días de ola de frío.

En este contexto, desde el área de Acción Social estamos hablando con concejales/as y entidades sociales de nuestro entorno más próximo en otras comunidades autónomas y hemos podido comprobar el mismo fenómeno de varios cientos de jóvenes de la misma procedencia en situación de sinhogarismo en ciudades como Bilbao, Donosti, etcétera, fenómeno que se repite en todas las ciudades españolas.

Soluciones a corto, medio y largo plazo

Abordar una solución a esta dura situación que viven estas personas de manera adecuada y solidaria, sobre la base del principio de respeto a los derechos humanos de todas las personas, exige una mirada a corto, a medio y a largo plazo, y tiene una dimensión tanto local, como autonómica y estatal, incluso con derivadas europeas.

Sin ánimo de ser exhaustivo destacaría las siguientes medidas y apuestas que me parecen imprescindibles:

En primer lugar necesitamos estudiar a nivel de España cuántas personas están en esta situación. Sin ello, difícilmente se pueden planificar las políticas y hasta donde conocemos, todavía no hay datos rigurosos al respecto.

Igualmente sería necesario un Pacto de Estado y un compromiso de todas las fuerzas políticas para financiar un plan nacional de apoyo a las CCAA y ayuntamientos, y no utilizar esta realidad para la demagogia y la difusión de prejuicios.

En ese marco, se necesita un compromiso de las diferentes CCAA de acoger a una proporción equilibrada de estos jóvenes, de acuerdo a parámetros poblacionales, económicos y de demanda del mercado de trabajo, por citar algunos aspectos relevantes a acordar con el Estado, para evitar un peregrinaje de estos jóvenes de ciudad en ciudad, y evitar la picaresca que vimos con los menores, de CCAA insolidarias que se quitan el problema de encima derivando a las personas a otros lugares.

Un problema especialmente difícil es la situación legal y administrativa de estas personas. Es un absurdo tener a cientos o miles de jóvenes sin permiso de trabajo y con ello sin apenas opciones de acceder a formación laboral, cuando lo que buscan es sobre todo eso, formación y empleo, habiendo además puestos de trabajo con escasez de mano de obra. En ese sentido, sería muy positiva una regularización extraordinaria ligada al empleo y las posibilidades de formación que permitan a estos jóvenes labrarse un futuro y aportar a la sociedad de acogida.

Por supuesto, necesitamos también el compromiso de las grandes ciudades (y su entorno metropolitano) para dimensionar los recursos necesarios y ofrecer una adecuada atención en base a esos mismos criterios de población, empleo, etcétera.

Y finalmente, es fundamental desarrollar planes locales integrales de inclusión social a nivel local que conviertan este fenómeno en una oportunidad como el que estamos elaborando en Pamplona. Que estos jóvenes logren su sueño de formarse, trabajar y labrarse un futuro, y que la sociedad de acogida se beneficie de su aportación a la misma, en un contexto de muy baja natalidad y sectores económicos con dificultades de obtener mano de obra, exige estar a la altura de un Pacto de Estado.

El autor es concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona