Sin techo, sin atención y humillados

En plena ola de frío más de 100 personas se ven obligadas a vivir y dormir en la calle, debajo de un puente, en chabolas, en invernaderos y bajeras abandonadas, rodeadas de suciedad y ratas, contrayendo enfermedades como la sarna, con temperaturas extremas y pasando hambre. La mayoría son jóvenes migrantes que quieren estudiar, aprender un oficio y trabajar. El Gobierno de Navarra es el responsable de esta situación, pues tiene la obligación legal de proporcionar alojamiento y alimentación a las personas en situación de extrema necesidad. El problema excede las competencias y capacidad del Ayuntamiento de Pamplona. Lo que no se entiende es que no exija al Gobierno que asuma su responsabilidad.

El Ayuntamiento tampoco lo está haciendo bien en el ámbito de sus competencias: el empadronamiento, la atención a estas personas por los servicios sociales y la tramitación de prestaciones para que puedan salir de la situación de calle cuanto antes.

El empadronamiento es un derecho básico porque es la llave para acceder a derechos esenciales como la tarjeta sanitaria, la escolarización o al sistema de protección social. Pues bien, en el mes de febrero, el Ayuntamiento paralizó los empadronamientos que se venían realizando de oficio, para consensuar criterios con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, lo que obligó a las personas sin hogar a solicitar el empadronamiento por Registro.

La normativa establece que se puede y se debe empadronar a una persona sin techo en dependencias municipales. Únicamente exige que resida habitualmente en el municipio y que sea conocida por los Servicios Sociales. Para comprobar la identidad y la residencia habitual de una persona bastan 15 días. Sin embargo, el Ayuntamiento está tardando meses en resolver, incumpliendo la ley, que establece que transcurridos tres meses desde la solicitud, operará el silencio positivo y el ciudadano quedará a todos los efectos empadronado en ese municipio desde la fecha de su solicitud y que el certificado del silencio producido se expedirá de oficio, obligaciones que el Ayuntamiento está incumpliendo sistemáticamente.

De las más de 270 solicitudes de personas sin hogar presentadas por Registro desde el mes de febrero hasta hoy, el Ayuntamiento ha empadronado a 10, habiendo transcurrido entre 5 y 9 meses entre la solicitud y el empadronamiento. Quince días después, les citan para notificarles la resolución, en la que se les comunica además que deberán presentarse cada 15 días en las oficinas del Área de Acción Social para comprobar que siguen residiendo en Pamplona y para recibir las notificaciones que pudieran llegar, cuando en la solicitud hicieron constar como domicilio a efectos de notificaciones el domicilio de una entidad social. Imponerles una obligación que la ley no contempla, que no se exige al resto de las personas, es arbitrario y discriminatorio. Es además una humillación, es libertad vigilada.

La atención por los Servicios Sociales es fundamental para la inclusión social de las personas sin hogar. Si el empadronamiento se retrasa varios meses, se retrasa la atención de estas personas y se les ocasiona un grave perjuicio, prolongando su sufrimiento.

Las prestaciones sociales, la Renta garantizada y las ayudas de emergencia son también fundamentales para salir de la situación de calle, para poder alquilar al menos una habitación y cubrir las necesidades más básicas: comida, ropa, higiene... Sin embargo, en Pamplona las solicitudes de Renta se han reducido considerablemente y tratan de introducir la idea de que la mayoría de las personas en situación de calle no se encuentran en situación de exclusión social grave. Es errónea: profesionales con muchos años de experiencia nos aseguran que si el codiagnóstico se realiza correctamente a una persona que vive en la calle, que carece de ingresos, que no tiene trabajo ni permiso de trabajo, que no tiene una red familiar o social para cubrir las necesidades básicas, el resultado es de exclusión social grave. Es de sentido común.

No hay muchas alternativas a la Renta Garantizada: mendigar, robar o trapichear. Mendigar no parece tener mucho recorrido y robar o trapichear tampoco, pues tarde o temprano se termina en la cárcel, que no es una solución y es mucho más cara que la Renta garantizada.

El Gobierno y el Ayuntamiento deben apostar decididamente por la acogida y la inclusión de estas personas y no por políticas de contención y de rechazo. Es lo más justo e inteligente.

El autor es miembro de Apoyo Mutuo