Cuando un Estado se declara en guerra, se espera de él que al menos honre y cumpla las convenciones de Ginebra y el derecho humanitario internacional, para evitar o al menos minimizar los efectos colaterales que todo acto bélico acaba teniendo sobre la población civil, que siempre acaba siendo la víctima principal del conflicto.
La guerra de Gaza se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático de cómo Israel ignora e incumple sus compromisos jurídicos internacionales. Tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, nadie puso en duda el derecho de Israel a la autodefensa y a una respuesta militar. Con la losa de los rehenes capturados por la milicia palestina, la gran pregunta era dónde pondría el Gobierno de Benjamín Netanyahu el listón de la proporcionalidad en su ofensiva. Con el paso de los meses hemos visto que parece no haber listón. Los bombardeos sobre los gazatíes han causado casi 50.000 muertos, el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas y una hambruna derivada de la oposición israelí a la entrada de ayuda humanitaria. La Convención de Ginebra considera crimen de guerra atacar a los civiles y sus hogares, su traslado forzoso, privarles del derecho a recibir ayuda e interferir contra el envío de ayuda humanitaria.
La ONU, Amnistía Internacional y diversas oenegés dicen tener pruebas de que Israel ha cometido crímenes de guerra, denuncias que caen en saco roto ya que el Estado hebreo las desoye sistemáticamente, una costumbre secular de todos los gabinetes israelíes desde la fundación del Estado judío, allá por el año 1948. Así Israel no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos a lo largo de su historia como país, ni ha rendido cuentas por ello, siempre amparado por el veto de los Estados Unidos contra todas las resoluciones de la ONU. Parece ser un país con patente de corso para cometer todo tipo de tropelías sin ningún tipo de consecuencia o castigo; esta impunidad se pone aún más de manifiesto en la actuación de destrucción sistemática, desde hace más de un año y de forma constante en el tiempo en Gaza y Cisjordania, sin que aparentemente nadie pueda ponerle freno. Y esta impunidad le está llevando a cometer un genocidio con la población de Gaza a la vista del mundo entero.
A esa impunidad del Estado judío también ha contribuido, aunque en menor medida que Estados Unidos, la pasividad de muchos gobiernos europeos por la mala conciencia de algunos de ellos por el Holocausto. Complejo de culpa que ha frenado, cuando no boicoteado acuerdos de condena de Israel por parte de Bruselas. Por ejemplo, Alemania continua con sus exportaciones de armas a Israel (341 millones en 2023 y 170 millones en 2024) y ha hecho y hace todo lo posible para frenar acuerdos comunitarios desfavorables hacia el Estado judío.
Como dijo Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de EEUU, Israel no tiene política exterior sino solo política interior. La violación de la tregua el pasado día 18 de marzo de 2025 por Benjamín Netanyahu con una oleada de bombardeos, causando la muerte de más de 400 personas, hay que enmarcarla en este sentido. El primer ministro israelí con ese gesto, reanudación ofensiva militar, se asegura su permanencia en el puesto y la de su gabinete de coalición, la aprobación de los presupuestos, retrasar sine die los posibles enjuiciamientos por sus delitos de corrupción –caso Qatargate, entre otros– y con su inmunidad, protegerse contra la acción del Tribunal Penal Internacional, que tiene dictada una orden de busca y captura contra su persona.
Actualmente hay un apagón informativo sobre Gaza y Cisjordania, la Unión Europea parece mirar para otro lado, pese a la violación de la tregua por el gabinete israelí y solo tiene ojos para el conflicto de Ucrania, otra vez el doble rasero. Es verdad que se nota el cambio en la titularidad de la Alta Representación de la Política Exterior de de la Unión, con el relevo del señor Josep Borrell por la señora Kaja Kallas. El señor Borrell –la voz que predicaba en el desierto– un día sí y otro también, denunciando los desmanes israelíes contra los palestinos frente a la pasividad de la mayoría de los líderes europeos. Estos días, este mismo político denunciaba desde las páginas de El País que la situación, tanto en Gaza como en Cisjordania, no solo no había mejorado sino que había empeorado notablemente, derivando la situación hacia una hambruna generalizada en Gaza y hacia una gazificación de Cisjordania. La hambruna producto del bloqueo israelí sobre la Franja. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaraba a raíz de la ruptura de la tregua “que no entrará ninguna ayuda humanitaria en Gaza”; y la ONG Médicos sin Fronteras ha descrito Gaza como una fosa común para miles de gazatíes. El ejército hebreo ha ocupado dos terceras partes del territorio y está aplicándose en un plan para forzar la marcha voluntaria de la población fuera de la Franja, hacia los países vecinos.
La Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó hace unos días a Israel que actúe sin demora para permitir la entrada de alimentos, medicinas y otros suministros básicos a Gaza, llamamiento ignorado, una vez más, por Israel. Y ante este horror no hemos oído apenas a la nueva Alta Representante, señora Kaja Kallas, y sí hemos oído mucho ruido de fondo en Bruselas por la política arancelaria del presidente Trump, alejando oportunamente el foco mediático de la situación en la Franja.
La Unión Europea puede hacer mucho más, bastante más, para frenar a Israel, ya no vale con ser el principal donante de ayuda al pueblo palestino con 265 millones de euros anuales, ya eso no es suficiente, se han cruzado demasiadas líneas rojas en Gaza y no han sido precisamente sus habitantes.
La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel por delante de Estados Unidos y China; así el año pasado los intercambios económicos entre la Unión e Israel alcanzaron la cifra de 63.000 mil millones de euros, actividad económica regulada por el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea firmado con Israel. En el artículo dos del citado Acuerdo, se afirma: “Las relaciones entre las partes, así como todas las provisiones contempladas en el acuerdo, deben estar basadas en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, que guiará su política interna e internacional y constituye un elemento esencial para este acuerdo”.
Es por ello que asociaciones palestinas e israelíes reclaman hace tiempo y sin éxito la suspensión provisional del citado Acuerdo. Los motivos son obvios, la violación de los derechos humanos y el incumplimiento de las diferentes Resoluciones de las Naciones Unidas.
