Sse han cumplido tres años desde que el Parlamento de Navarra me nombró presidente de la Cámara de Comptos. Sirvan estas líneas, escritas en el ecuador de mi mandato, para reflexionar sobre los retos actuales de la gestión y el control de los fondos públicos.
Vivimos tiempos trepidantes y confusos que generan poca certidumbre. Los acontecimientos de estos tres años así lo demuestran: tras la complicada salida de la pandemia llegó la guerra de Ucrania y Oriente Medio; a ello se han unido el reciente conflicto de aranceles y los cambios sustanciales en los equilibrios políticos en países relevantes. Todo esto ha puesto patas arriba la economía mundial, amenazando las bases del Estado del Bienestar –que creíamos permanentes e irrenunciables– y dibujando un nuevo orden internacional.
Evidentemente, una época tan acelerada dificulta la mirada a largo plazo, tan importante para cualquier entidad pública o privada. Por decirlo en palabras de Daniel Innerarity: cuanto más rápido va el mundo, más necesaria es la reflexión.
A las administraciones públicas les corresponde asumir una posición de liderazgo, primando la acción pública hacia objetivos ligados al bien común. Y en ese sentido, conviene remarcar el concepto de sostenibilidad con un triple sentido: financiero, ambiental y social.
Respecto al primero, las instituciones navarras tienen que seguir demostrando capacidad de financiar los gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y regla de gasto establecidos en las normas fiscales europeas.
La sostenibilidad ambiental exige un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado de la casa común, con la mirada puesta en las generaciones futuras a quienes debemos dejar un mundo habitable.
La sostenibilidad social se refiere a un desarrollo económico unido al bienestar social. Se trata de una prioridad de la ONU que busca erradicar la pobreza, fomentar el trabajo digno, favorecer la igualdad de género y la inclusión social de personas con discapacidad. La manera en que una sociedad trata a sus colectivos más desfavorecidos es un buen indicador de su calidad.
La transformación digital es otro de los retos de las administraciones públicas, con su riesgo en cuanto a amenazas de seguridad internas o externas. Sin olvidar, por supuesto, la inteligencia artificial que ya está revolucionando nuestro mundo. Sin obviar sus riesgos, va a ser un instrumento de mejora en la gestión, al tiempo que exigirá un replanteamiento en la manera de trabajar y, seguramente, en la organización y funciones del personal del sector público.
Los retos de la gestión pública nos interpelan también a quienes tenemos la responsabilidad del control de dicha gestión. Un control que no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para aportar transparencia y fomentar la eficacia y eficiencia en la utilización del dinero público.
La Cámara de Comptos debe seguir prestando especial atención a las áreas de gestión –como salud o educación– más importantes desde el punto de vista económico y social, conscientes de que una mejora en ellas tendrá gran impacto. Ahí incluyo también la gestión de impuestos, clave para la sostenibilidad financiera de la Hacienda Foral.
Otro criterio que nos mueve es el riesgo de irregularidades en la gestión, que se manifiesta especialmente en materias como públicas, urbanismo o subvenciones. Dichas áreas seguirán siendo objetivo prioritario en nuestras fiscalizaciones.
Y, por supuesto, esta institución quiere seguir atenta a las preocupaciones sociales. De ahí que abordemos informes sobre vivienda, despoblación, atención a mujeres víctimas de malos tratos o situación del alumnado con necesidades especiales.
En definitiva: en medio de este clima de confusión e incertidumbre, los responsables de lo público tenemos grandes retos. La reflexión permanente, la prudencia y la transparencia deben ser las piedras angulares para hacer frente a los mismos. Esa actitud también permitirá aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, objetivo que considero esencial para el futuro de nuestra democracia.
El autor es presidente de la Cámara de Comptos de Navarra / Nafarroako Kontuen Ganberako lehendakaria
