La Policía Nacional ha detenido en Navarra a un empresario como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad documental. El detenido había sido denunciado por impagos y por tener sin contrato a 10 trabajadores extranjeros.

Según han informado desde el cuerpo policial, al menos 10 ciudadanos extranjeros fueron contratados de manera irregular, ya que no contaban con autorización de residencia y trabajo en España, por lo que el investigado "les hacía utilizar los datos de otras personas para identificarse ante las administraciones e incluso en los cuadrantes de trabajo".

Además, "aprovechándose de su situación de necesidad y vulnerabilidad", eran "presionados para realizar jornadas de trabajo que se alargaban más allá de las 8 horas, sin que ninguno de ellos llegara a cobrar en ningún momento el sueldo íntegro".

Pagos parciales

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el hombre detenido es un empresario del sector de la hostelería que cuenta con un restaurante en Barañáin, cuyos trabajadores recibieron durante meses pagos parciales de entre 300 y 500 euros. Alguno de los afectados llegó a estar empleado por un periodo de más de un año.

Además "les hacía creer que formaban parte de una cooperativa y que, como socios de la misma, tenían la obligación de acudir a trabajar, prometiéndoles además ayuda para regularizar su situación administrativa en España y advirtiéndoles de consecuencias negativas en caso de no cumplir con lo que él les pedía".

La investigación -iniciada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, encargada en el ámbito territorial de esta Comunidad Foral de la investigación y persecución de los delitos relativos al favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental contra el derecho de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros- se ha prolongado durante más de seis meses.

La Fiscalía de la Comunidad Foral sumó a la misma informaciones que se habían denunciado en sede judicial y que "reforzaron el criterio de los investigadores".