El 20 de marzo de 2024, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dio un paso histórico en la defensa de los derechos laborales en Europa: sentenció que el sistema español de despido improcedente vulnera la Carta Social Europea. Esta resolución no fue fruto del azar, ni una casualidad burocrática. Fue el resultado directo de la reclamación colectiva presentada por UGT en marzo de 2022. Y fue nuestra organización la que lideró desde el principio esta batalla jurídica, política y sindical, con convicción y con hechos.

Desde Navarra, donde tantos trabajadores y trabajadoras han sufrido durante años las consecuencias de un despido injusto y barato, esta resolución se vive como lo que es: una victoria de la clase trabajadora. Una victoria que obliga a España a rectificar, a reformar su legislación laboral para garantizar que los despidos improcedentes no salgan baratos y que los derechos de las personas trabajadoras se respeten plenamente.

La raíz del problema se remonta a la reforma laboral impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, que abarató y facilitó el despido improcedente hasta extremos inaceptables. En ese modelo, si una empresa decidía despedir a alguien de forma injustificada, lo único que debía hacer era pagar una indemnización que ni siquiera cubría el daño real causado. Además, desaparecieron los salarios de tramitación –esos que cubrían el periodo entre el despido y la sentencia–, y se mantenía el derecho del empresario a decidir si readmitía o no al trabajador. Una anomalía en el marco europeo que UGT denunció con rigor.

Nuestra reclamación no era simbólica. Planteamos propuestas concretas y razonables: una indemnización suficientemente disuasoria y reparadora, la recuperación de los salarios de tramitación, que el derecho de opción (reincorporarse o cobrar indemnización) lo ejerza la víctima del despido y no el empleador incumplidor, y la creación de una indemnización mínima de seis meses de salario. Todas estas propuestas fueron recogidas en nuestros informes, con argumentos jurídicos y sociales de peso.

El Comité Europeo de Derechos Sociales no solo admitió nuestra reclamación a trámite en septiembre de 2022 –mucho antes de que lo hiciera ningún otro sindicato–, sino que nos ha dado la razón punto por punto. El CEDS ha sentenciado que los sistemas de indemnización son conformes con la Carta Europea cuando cumplen las siguientes condiciones: prever el reembolso de las pérdidas financieras sufridas entre la fecha del despido y la decisión del órgano de apelación; prever la posibilidad de reintegro de la persona trabajadora y/o prever una indemnización de un nivel suficientemente elevado para disuadir al empleador y reparar el daño sufrido por la víctima.

Esta no es una opinión sindical. Es una resolución firme de una institución europea, con valor normativo, que debe cumplirse. En noviembre de 2023, el Comité de Ministros del Consejo de Europa –el órgano que supervisa el cumplimiento de estas decisiones– requirió formalmente a España que modifique su legislación. Es decir, el Gobierno tiene el deber legal de actuar. No hacerlo sería mantenerse en el incumplimiento del derecho internacional y seguir vulnerando los derechos de las personas trabajadoras.

Desde UGT lo decimos con claridad: ahora toca cumplir. No se trata solo de reconocer que teníamos razón, sino de actuar en consecuencia. Exigimos al Gobierno que incorpore de forma íntegra la resolución del CEDS a la legislación española. Y lo exigimos con la legitimidad de quien ha estado en esta lucha desde el minuto uno, con la constancia y la seriedad que caracterizan a nuestra organización.

Esta victoria no es solo de UGT. Es una victoria de toda la clase trabajadora. Una muestra de que cuando los sindicatos actúan con responsabilidad, con rigor y con visión estratégica, como lo hace UGT, se logran avances reales. La Europa social no es un mito, sino una herramienta poderosa si se sabe utilizar. Europa sigue siendo el referente del mundo del Estado de Bienestar y de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Pero también es una advertencia. Porque si el Gobierno no cumple con lo exigido, si la reforma se queda a medias o si se opta por soluciones cosméticas, estaremos preparados para seguir presionando, desde los tribunales, desde las calles y desde cada centro de trabajo. No podemos permitirnos un sistema laboral que permita despedir sin consecuencias reales. Porque lo que está en juego no es una sólo cifra económica, sino la dignidad, la estabilidad y el futuro de miles de personas trabajadoras.

Desde UGT Navarra seguiremos defendiendo ese futuro. Con orgullo, con convicción y con la fuerza de quien sabe que la razón y el derecho están de su lado.

El autor es secretario general de UGT Navarra